El Gobierno prorrogó ayer las condiciones de los ERTE, las medidas para alquileres y el apoyo a los autónomos, una serie de iniciativas de «escudo social» que se extenderán hasta el próximo mes de mayo, cuando finaliza el actual estado de alarma por la pandemia de la Covid-19. La necesidad de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo era patente, ya que hay miles de empresas –y con ellas, cientos de miles de trabajadores– que subsisten gracias a esta figura en un momento de notoria caída de la demanda.
De hecho, según apuntó el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, este mecanismo ampara actualmente a unos 700.000 trabajadores –se llegó al pico de 3,5 millones en abril– y ha evitado la destrucción de muchos empleos y la quiebra de numerosas empresas. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, empresarios y sindicatos, mantiene la prestación de los trabajadores en el 70% de la base reguladora y el compromiso de mantener empleo durante 6 meses para las empresas que se acojan a esta figura. La prolongación de los ERTE hasta el 31 de mayo resulta por tanto una medida tan imprescindible e irremediable como reveladora de la envergadura de la crisis. Y es que las dificultades empiezan a enquistarse en sectores muy significativos de la actividad ante una pandemia que no ceja diez meses después y que sigue obligando a mantener severas restricciones –cuando no a endurecerlas– en un escenario aún plagado de incertidumbres, con la economía sufriendo los estragos de esta fulgurante recesión y los ánimos de la sociedad aturdidos tras tanto tiempo de duelo por el coronavirus.
Así las cosas, la extensión de los ERTE hasta mayo constituye un nuevo torniquete para intentar refrenar un empeoramiento del mercado laboral que precisa, como el conjunto de la sociedad, la activación enérgica y generalizada de la vacunación. Y es que solo cuando la mayor parte de la población esté inmunizada podremos dejar atrás la pandemia y comenzar a recuperar la actividad económica.
