Un hombre que tenía tres empresas a su nombre, pero sin ninguna actividad económica, solo para dar de alta a trabajadores –188 en total– en la Seguridad Social para que más tarde pudieran cobrar del paro o indemnizaciones por despido, ha sido condenado por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de estafa agravada, con la atenuante de dilaciones indebidas.
El procesado, un ciudadano marroquí, ha aceptado la pena de once meses de prisión, el pago de una multa de 450 euros y a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad social en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia. Y es que antes de la celebración de la vista oral en la Sección Cuarta de la Audiencia de Tarragona, el fiscal, la Abogacía del Estado y la defensa llegaron a un acuerdo.
El acusado es un ciudadano marroquí, de 50 años y en situación administrativa regular en España, sin antecedentes penales. Conjuntamente con otras dos personas creó una estructura dedicada a la utilización de empresas carentes de actividad real con el fin de, mediante un precio, simular relaciones laborales con las que obtener distintos derechos por parte de ciudadanos extranjeros. Con dicha actuación, los empleados obtendrían dos beneficios: autorizaciones de trabajo y renovaciones de las mismas así como prestaciones de la Seguridad Social (contributiva por desempleo, ayudas por desempleo y otras como maternidad, a la vivienda, instituciones regionales, etc).
El acusado operó a través de tres empresas. El 23 de agosto de 2006, y ante un notario de Tarragona, fue otorgada escritura en virtud de la que una mujer cesaba en su cargo de administradora única de una mercantil, siendo sustituida por el encausado.
Dicha empresa trasladó su domicilio social hasta la calle Modest Gené de Reus, piso que en realidad era un domicilio particular de un bloque de viviendas. Su objeto social en principio era el de construcción, reparación y conservación de edificaciones.
La empresa carecía de actividad. Pero entre los años 2009 y 2011 se produjeron innumerables contrataciones de trabajadores (en su inmensa mayoría extranjeros) previo cobro de dinero, simulando con ello una relación laboral inexistente.
El sistema
Dichos trabajadores eran dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social por una asesor laboral, que desconocía de que la mercantil carecía de actividad. Según se supo, la mayoría de trabajadores eran dados de baja no voluntaria en menos de tres meses, tiempo suficiente como para generar en los obreros derechos al cobro de prestaciones de la Seguridad Social o indemnizaciones por despido. La empresa no pagó ninguna cuota a la Seguridad Social, ascendiendo la deuda a 169.757,96 euros.
El acusado hizo lo mismo con una segunda empresa, en este caso ante un notario de Torredembarra el 11 de febrero de 2010. Acumuló una deuda con la seguridad Social de 120.757,20 euros. Y a 185.768,68 euros ascendía la deuda dejada por la tercera empresa.
