El Palau d’Esports ya mira al futuro. Tras xactamente 1.414 días desde su inauguración del 20 de junio de 2018, al fin, la que fuera la construcción estrella de los Juegos del Mediterráneo –con una inversión autonómica de 18,4 millones de euros– parece estar a punto de salir del túnel negro en el que ha permanecido a lo largo de los últimos 46 meses.
Tras cuatro años de una agónica tramitación administrativa, ayer Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Tarragona escenificaron el acuerdo que permitirá que el Consistorio pase a gestionar sine die el recinto del Anillo Deportivo de Campclar, con el horizonte de abrirlo a los clubes de la ciudad a partir del próximo mes de septiembre. A partir de entonces se calcula que cada tarde de lunes a viernes habrá más de 300 deportistas usando la instalación desde las 16.30 hasta las 23.30 horas mediante el mismo precio que en el resto de pabellones municipales (ocho euros la hora).
«Hoy es un día importante. No ha sido fácil, pero junto con la Generalitat hemos logrado desencallar la situación patrimonial del Palau», afirmó ayer el alcalde –Pau Ricomà (ERC)– tras recibir las llaves del equipamiento por parte de la consellera de Presidència del Govern, Laura Vilagrà (ERC). La representante del ejecutivo de Pere Aragonès reconoció que «ha sido un trámite complicado, que se ha superado gracias a la buena cooperación entre las dos administraciones». Según la Generalitat, el problema de fondo que ha retrasado el acuerdo fue que en 2014, con la firma de «un protocolo de intenciones», la edificación del Palau «se llevó a cabo en un terreno propiedad del Ayuntamiento, sin que se realizara ninguna cesión efectiva del dominio del solar a favor ni de la Generalitat ni del Consell Català de l’Esport» ni «ninguna otra operación jurídica de disposición sobre los terrenos». En este sentido, y tras un proceso no exento de polémicas jurídicas, finalmente el acuerdo aprobado por el Saló de Plens el pasado 18 de marzo avaló que la corporación de la Plaça de la Font trasmitiera el 25 de enero gratuitamente el dominio de la finca al Govern, cuyo terreno está valorado en 699.759 euros según un informe elaborado por el Departament de Patrimoni. A partir de la adquisición del solar –de 9.586 metros cuadrados–, la administración autonómica inscribió el 7 de marzo la obra nueva en el Registre de la Propietat número 3 de Tarragona. Una vez que el solar y el edificio fueron autonómicos se ha procedido a poder traspasar la gestión a manos municipales mediante la figura de la mutaciónńdemanial.
Obras en dos fases
Con este largo requisito administrativo completado, ahora el Ayuntamiento ya tiene vía libre para poder invertir en el espacio, ya que el Govern cede la instalación vacía de material deportivo «para que sea el Ayuntamiento el que defina las modalidades que albergará», según recalcó Vilagrà, quien reivindicó el «compromiso cumplido» por parte de la Generalitat.
Ahora, el objetivo del Ayuntamiento –que gestionará el espacio mediante el Patronat Municipal d’Esports– es que el pabellón del barrio de Ponent «esté listo para abrirlo a los clubes para cuando empiece la próxima temporada, en septiembre», según indicó la concejal de Esports, María José López (ERC). Por ello, este mes de mayo se enviará a las entidades deportivas de la ciudad una carta con la hoja de solicitudes para el uso de los equipamientos municipales de cara a la temporada 2022/23, en la que ya se ofrecerá la posibilidad de tener horas en el Palau d’Esports. «Los criterios para adjudicar horas y días serán completamente objetivos, técnicos y transparentes», y se priorizarán «aquellos clubes que, en la actualidad, no ocupen ninguna instalación», distribuyendo posteriormente en junio los horarios «entre todos los clubes que lo soliciten», detalla López. En las próximas semanas también se mostrará el recinto a las entidades que lo pidan.
Para poder cumplir con el horizonte de poner en liza el pabellón en otoño, la corporación local ya tiene en marcha el proceso para llevar a cabo inversiones por un montante global de 505.000 euros: 190.000 procedentes del presupuesto de 2021, y 315.000 aprobados en un modificativo de crédito de este inicio de año, en el que de momento el Consistorio sigue con el presupuesto prorrogado. La primera fase, que será la necesaria para poder abrir el Palau tras verano, será la que comportará la ejecución del dinero del año pasado, que se centra en la colocación del parqué móvil (ya instalado), la adecuación del pavimento de hormigón, el anclaje y el material deportivo básico como porterías o canastas de baloncesto. Todo ello, según avanzó López, ya se encuentra en fase de «licitación». En una segunda fase, que se ejecutará «a lo largo de este año», se prevé instalar el parqué fijo en toda la pista (lo que conllevará la retirada del móvil, que se usará únicamente en las competiciones oficiales de baloncesto), así como las cortinas separadoras de las tres pistas en las que se dividirá el recinto y el protector del parqué.
El concejal del PSC Berni Álvarez, que fue el único edil de la oposición que estuvo presente en el acto, calificó como de «una buena noticia» la cesión del Palau porque «el deporte de la ciudad lo necesita» y «ayudará a poner en el mapa a Tarragona dentro del turismo deportivo». El edil socialista resaltó, asimismo, que «con el paso del tiempo la gente se da cuenta de que fue todo un acierto apostar por el Anillo Mediterráneo». Pese a ello, el representante del PSC lamenta que el Govern entrega el recinto «sin las graderías ni el parqué completo», lo que provocará que «empecemos en precario» y «sea más complicado poder organizar grandes eventos que nos posicionen». Según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento está negociando con la Federació Catalana de Basquetbol acoger la próxima edición de la Lliga Catalana ACB, que se disputa en septiembre y que serviría para presentar en sociedad el equipamiento.
Según las estimaciones de la gerencia del Patronat Municipal d’Esports, el coste de mantenimiento del pabellón será de unos 200.000 euros anuales, una cifra que incluye conserjería, limpieza, seguros, limpieza, agua y luz. Por contra, las estimaciones de ingresos por el alquiler de las pistas son de unos 30.000 euros anuales, si bien María José López recalca que se trata de un cálculo «conservador».
