«Es una tontería que los políticos no se pongan de acuerdo. No es tan difícil. Basta con un poco más de buena voluntad, de que se dejen de criterios personales y piensen más en el bien del pueblo y menos en sus propios intereses. Son egoístas. Y su actitud me perjudica personalmente». Es la opinión de Antonio, un jubilado de 94 años de edad.
Antonio es uno de los 170.345 pensionistas que había en Tarragona a fecha 1 de agosto. Si el bloqueo político no se desvanece y, por arte de magia (o de sentido común), Podemos decide apoyar al PSOE desde fuera del Ejecutivo, el PSOE acepta un gobierno de coalición con la formación morada o PP o Ciudadanos se abstienen y permiten que Pedro Sánchez sea investido, habrá elecciones. Y esas elecciones, aparte del gasto que supongan, perjudicarán a los pensionistas.
El año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que las pensiones subiesen un 1,7% y se revalorizasen en función del IPC. Al estar en minoría tuvo que tirar de decreto ley. Ahora no puede utilizar ese ‘truco’ legislativo por encontrarse en funciones. Si no se forma un nuevo Ejecutivo, los pensionistas deberán conformarse a partir del 1 de enero con la escasa subida del 0,25% que estableció el PP y de la que encima se atrevió a sacar pecho.
Ligar las pensiones al IPC es una de las 370 medidas que ayer presentó Sánchez a bombo y platillo para intentar seducir a Podemos. A los jubilados les suena bien la idea de suprimir la congelación de pensiones, pero no se fían del todo. «Si hay un compromiso programático para mantener como mínimo las actualizaciones conforme la evolución del IPC real, y eliminar el factor de Sostenibilidad y Revalorización, pedimos un pronto acuerdo que permita poner en marcha estos y todos los compromisos que mejoren la situación de los pensionistas y de los trabajadores. Pero los jubilados seguiremos movilizándonos para exigir que esas promesas se conviertan en ley», advierte el portavoz en Reus de Marea Pensionista, Carlos Iaquinandi.
No solo a los pensionistas les perjudica la paralización institucional en España. También a los funcionarios. Los sindicatos de empleados públicos acordaron en junio con el Gobierno una subida adicional del 0,25% y que un anterior incremento del 2,25% se aprobase vía decreto. Pero todo puede quedar en agua de borrajas por la misma razón que con los funcionarios: un gobierno en funciones no puede aprobar decretos. En Tarragona, a 31 de enero había 38.579 funcionarios (21.008 de la Generalitat, 12.040 de la administración local, 2.816 de los municipios y 2.715 del Estado).
«Es lamentable que volvamos a ser perjudicados por el bloqueo político. Los funcionarios estamos al servicio del ciudadano y no del Gobierno. Si hay acuerdos firmados, que se cumplan. Vamos muy mal si los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo en unos mínimos», critica el presidente de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) en Catalunya, Joan Escanilla.
El tercer gran colectivo perjudicado es el de los desempleados. El incremento de sus prestaciones también corre peligro. Ayer mismo se conoció la cifra de parados en Tarragona: 42.040 personas. Entre pensionistas, desempleados y funcionarios suman 250.964 personas que pierden dinero por la falta de Gobierno.
Críticas de los sindicatos
Los dirigentes sindicales se muestran muy críticos con la situación en el Gobierno español, pero también recuerdan que el Govern de la Generalitat tiene los presupuestos prorrogados desde 2017. El secretario general de Comisiones Obreras en Tarragona, Vicente Moya, sostiene que «los gobernantes deberían estar al servicio de la gente y no parece que estén a la altura. Emplazamos a las izquierdas a que se pongan de acuerdo y proporcionen soluciones a los problemas de la gente».
Su homónino de UGT, Joan Llort, advierte que «necesitamos que los gobernantes miren a los ojos a las personas que no pueden afrontar el día». «En este país no se está acostumbrado a negociar de tú a tú en un mesa para llegar a acuerdos», lamenta Llort, antes de sentenciar que «necesitamos unos políticos que gestionen el dinero y los servicios que necesita la gente y que sepan negociar. No puede ser que el gobierno esté en el aire y no se solucionen los problemas de las personas. Las izquierdas tienen que entenderse».