Los grandes barcos pagarán un nuevo impuesto en el Port de Tarragona

El proyecto de Ley sobre el Cambio Climático aprobado en comisión parlamentaria incluye una enmienda de la CUP de última hora que ha generado malestar en los puertos catalanes  

20 julio 2017 19:24 | Actualizado a 17 noviembre 2017 16:56
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El Proyecto de Ley sobre el Cambio Climático aprobado en comisión parlamentaria y que se votará en el pleno del Parlament de Catalunya la próxima semana incluye un nuevo e inesperado impuesto que ha generado malestar en los grandes puertos catalanes, al gravar con 1.000 euros cada tonelada de óxidos de nitrógeno que emitan los grandes barcos durante las maniobras de atraque y durante su estancia en el muelle. 

Según reza el texto del proyecto de ley, las emisiones de óxidos de nitrógeno se calcularán con la metodología establecida por la UE a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente y utilizando los factores de emisión aprobados por ésta. La cuota se determinará en función de la base imponible y del tipo impositivo, «que debe situarse en un valor estimado de 1.000 euros por cada tonelada de óxidos de nitrógeno».

El texto no detalla cuál será el sujeto pasivo del impuesto, es decir, quién deberá pagar. Entre las enmiendas que se debatirán la próxima semana en el pleno del Parlamento, la CUP pide que se tasen los barcos que utilicen combustibles fósiles y tengan más de 24 metros de eslora. Los cupaires también piden que el tipo impositivo general del impuesto sobre los grandes barcos sea de 3 euros por kilogramo de óxidos de nitrógeno, el triple de lo que se recoge en el proyecto de ley.

El presidente de Puertos del Estado se mostró en contra de la medida y dijo que la impugnará

De hecho, se trata de una enmienda de la CUP presentada a última hora y a la que se ha plegado Junts pel Sí que ha generado un gran malestar en ambientes portuarios, pues consideran que compromete la competitividad de los puertos catalanes, al poder preferir las grandes navieras otros enclaves donde no existe este impuesto.

De hecho, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, quien se enteró del asunto en su visita ayer a Tarragona para asistir a una jornada sobre smart ports, expresó su incredulidad y anunció que impugnará la medida ante el Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley también prevé otro tributo que grava las actividades económicas contaminantes –refinerías de petróleo y de gas, industria metalúrgica, cementeras, fábricas de vidrio y papel, industria química, curtidurías, grandes mataderos e instalaciones ganaderas, instalaciones para la eliminación de residuos peligrosos y minas, entre otros–, que se suma al que ya aprobó el Govern  sobre vehículos contaminantes. 
El proyecto de ley indica que los dos nuevos impuestos deberán entrar en vigor en 2019.

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