El ‘ladrillazo’ que llenó de apartamentos los municipios de playa para acoger los inicios de un turismo interior, así como el que plagó de edificios construidos a toda prisa la periferia de ciudades como Tarragona y Reus tiene que someterse a revisión, según el decreto que regula la Inspección Técnica de Edificios (ITE), que fija que es obligatoria para todos los inmuebles antes de que cumplan los 45 años de vida.
Según los datos que maneja el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, la medida afecta a 9.965 edificios de veinte municipios de toda la demarcación, entre ellos Tarragona, Reus, Salou y Valls. Del resto no hay datos de a cuántos inmuebles puede afectar, con lo que la cifra final puede multiplicarse.
En el caso de Tarragona, la medida afecta a los barrios de Ponent como Bonavista, Torreforta, Icomar, La Granja, Riu Clar o Camp Clar y a otros como Sant Salvador. Como el resto de edificios, han de revisar el estado de la fachada y de la estructura.
Según explica la vicepresidenta del Col·legi, Yolanda Fernández, el principal problema de la zona es que «es una construcción barata, hecha con rapidez, en que primaba la velocidad por encima de la calidad y en la que además concurre la falta de mantenimiento». Un mantenimiento que sus vecinos no pueden permitirse en muchas ocasiones por su precaria situación económica.
El problema radica no tanto en la propia ITE, sino en lo que puede derivarse de ella. El coste de la inspección oscila entre los 350 euros por un edificio de dos viviendas y los 1.050 de uno que tenga veinte. Pero si se detectan deficiencias la factura puede crecer considerablemente.
«Las comunidades son muy reticentes –lamenta Fernández– a aplicar la cultura del mantenimiento en los elementos comunes del edificio. Con frecuencia sólo actúan cuando ya ha surgido una patología, las fachadas se hallan en mal estado, las instalaciones producen humedad, aparecen grietas... Falta concienciación».
Esa falta de concienciación y el papel pasivo de las administraciones provocan que hasta ahora se hayan llevado a cabo una mínima parte de las ITEque afectaban a edificios de mayor antigüedad. De ahí que los aparejadores denuncien que la Administración no informa a los vecinos de que han de pasar la ITE y critiquen que no se habiliten ayudas para que las comunidades de vecinos puedan afrontar los gastos que suponen las ITE.
La Administración competente es la Generalitat, pero los aparejadores echan en falta campañas como la de ‘Barcelona posa’t guapa’, en la que el consistorio de la capital catalana incentivaba económicamente la rehabilitación de fachadas.
«A diferencia de otros sitios de Catalunya y del Estado, las administraciones no han informado adecuadamente del decreto en Tarragona. Los Ayuntamientos tendrían que velar por que los edificios de su localidad estuvieran debidamente cuidados y mantenidos. No sólo por la imagen, sino por la seguridad y salud de sus ciudadanos», sostiene Yolanda Fernández. Las sanciones por no pasar una ITEoscilan entre los 3.000 y los 90.000 euros.
El pasado miércoles se derrumbó el tejado de un edificio de tres plantas deValls situado en el número 29 de la calle Flavià. Por suerte, no hubo que lamentar daños personales. En el momento del derrumbe había una mujer en su interior, que reside en el edificio junto a sus cuatro hijos. El Ayuntamiento de Valls ha realojado a la familia. El edificio en cuestión era uno de los que debía pasar este año la inspección.
La capital del Alt Camp es proporcionalmente –con un millar de viviendas afectadas– una de las que más ITE ha de pasar. El decreto de la ITE incluye las viviendas unifamiliares construidas antes de 1900. Según explica el Col·legi d’Aparelladors, Valls dispone de un núcleo antiguo extenso que se ha conservado prácticamente intacto hasta ahora.
Si tras una ITE se detectan deficiencias, la comunidad de vecinos debe aprobar un programa de rehabilitación, al tiempo que constituir un fondo de reserva para afrontar los gastos de las obras. La rehabilitación es uno de los nichos de mercado que han surgido en los últimos años a falta de obras civiles o públicas.
En las escasas ITE llevadas a cabo hasta el momento se han hallado desperfectos puntuales en la estructura. «La aparición de fisuras en los cierres y tabiques es un problema generalizado. Otro de los problemas más extendidos es el mal estado de los revestimientos de fachadas y patios», explican desde el Col·legi d’Aparelladors de Tarragona.
Es importante que, en caso de comprar una vivienda en un inmueble de cierta antigüedad, se compruebe si ha pasado la ITE. Como detalla Fernández, «en caso de que un edificio esté obligado a pasar la inspección técnica, al venderse, el propietario ha de entregar a los compradores una copia del informe de la inspección técnica y el certificado de aptitud. El comprador puede exonerar al vendedor, pero los notarios y registradores deben informar de estas obligaciones y hacer constar, si es necesario, la exoneración».
