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Catalunya obligará a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con «tensión residencial» de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedarán exentos los arrendadores «vulnerables», los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.
El Parlament aprobó ayer esta ley pionera para regular los alquileres en la comunidad gracias al ‘sí’ de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, que han impulsado la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat.
Ciudadanos, PSC y PPC votaron en contra porque creen que es una ley «electoralista» e «inconstitucional», ya que el Consell de Garanties Estatutàries ya advirtió que contiene varios artículos que vulneran competencias estatales.
Los cuatro diputados del PDeCAT rompieron por primera vez la disciplina de grupo con JxCat y rechazaron el texto porque, a su juicio, no protege el «pequeño propietario» ni incentiva la oferta. También se opusieron al grueso de la norma, por motivos similares a los postconvergents, los dos diputados de Demòcrates dentro del grupo republicano.
La norma, que según el Sindicat de Llogaters beneficiará a cinco millones de personas, pretende facilitar el acceso a la vivienda. Considera «áreas con un mercado de vivienda tenso» las que cumplan uno de estos tres requisitos: que el precio de los alquileres presente un crecimiento sostenido notablemente superior a la media catalana, que los arrendatarios tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar las mensualidades, y que el alquiler haya subido tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.
A pesar de contar con el apoyo de más de 4.000 entidades, el camino de la ley hasta su aprobación no ha sido fácil: JxCat la enmendó pocos días después de haberla firmado y el acuerdo para salvarla se alcanzó pocas horas antes de la votación.
Si el Gobierno de Pedro Sánchez toma la iniciativa e impugna la ley ante el Tribunal Constitucional (TC), ésta quedará suspendida de inmediato una vez se admita a trámite el recurso; si quien recurre contra la nueva norma catalana es un grupo parlamentario, como el PPC, que ya ha anunciado que lo hará, seguirá en vigor hasta que el TC resuelva.
