Empleo público y lecciones de la pandemia

La Administración pública ha librado al mercado laboral de una debacle aún mayor por la pandemia. Entre enero de 2020 y enero de este año se han afiliado a la Seguridad Social 166.113 empleados públicos, de los cuales 136.000 eran sanitarios y docentes, también personal para residencias, contratados fundamentalmente por las comunidades autónomas.

Por el contrario, en el mismo periodo, el sistema de la Seguridad Social perdió en su conjunto 335.000 afiliados, lo que supone que las altas del sector público han sido la tabla de salvación de una debacle sin precedentes en la afiliación. Además, el aumento de 166.000 efectivos públicos a nivel estatal, autonómico y local, lleva al máximo desde 2013 -primer año de la serie- las afiliaciones de funcionarios y empleados públicos, que han pasado de 2.169.496 en octubre de ese año a las 2.752.920 actuales, 583.500 más, según figura en las estadísticas de la Seguridad Social.

La dinámica se ha repetido en Tarragona. La provincia cerró el pasado mes de febrero con 47.623 empleados públicos. Es un 6,2% más, una cifra que supera a los incrementos de los últimos años que oscilaban entre el 2 y el 4%. Además, se trata de la cifra más alta desde 2013, cuando el Gobierno comenzó a sacar la tijera. Mientras el ámbito privado se desploma: en el último año 13.396 tarraconenses se han quedado en el paro.

Sin duda, entre las lecciones de la crisis una es qué sectores deben ser prioritarios (y salud y edudación deben estar entre ellos) y, por tanto, pese a que hay que administrarlos con eficacia y eficiencia, deben estar dotados de los recursos suficientes gobierne quién gobierne. Si eso se hubiera tenido claro probablemente no hubiera habido que contratar de forma urgente personal sanitario y profesores. La pandemia ha puesto de manifiesto que, en algunos ámbitos, las plantillas estaban al mínimo y que ante cualquier contingencia el sistema era insostenible.