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La Constitución, garantía de convivencia y bienestar

Cabe la esperanza, aún, de que todos estos daños no sean irreversibles

Raúl Arranz

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El próximo domingo primero de octubre no será una jornada fácil para los catalanes, ni para el resto de españoles. El presidente Puigdemont, espoleado por partidos y asociaciones secesionistas, ha decidido plantear un pulso al Estado democrático de Derecho y al conjunto de los españoles. 

Para que su pulso triunfe, Puigdemont ha optado descaradamente por hacer un llamamiento popular a la movilización. Nos ha pedido a los catalanes, incluso, que nos encaremos con los alcaldes que no piensan colaborar con sus ilegalidades. Azuzar a las masas, contra instituciones democráticas, no es precisamente un ejemplo de pacifismo demócrata.

En Democracia la forma también es fondo. Una autoridad que se declara insumisa a la Ley pierde, de forma automática, su derecho a exigir que se respeten sus normas, instrucciones, actos o mandamientos. Quién no acepta obedecer, difícilmente puede ser obedecido.

Sería muy peligroso permitir que los colectivos antisistema nos traigan la «revolución». Los jacobinos de la Francia revolucionaria de 1789, los bolcheviques de la Rusia de 1917 o los anarcosindicalistas en la Cataluña de 1936, aprovecharon la situación de caos para emerger como minorías dominantes a través del terror. No despreciemos los errores que la Historia nos enseña.

Desde el momento en el que el Parlament se proclamó insumiso a la legalidad constitucional, los días 6 y 7 de septiembre, los daños en cuanto a la inseguridad jurídica, el prestigio institucional o la respetabilidad financiera de Cataluña son ya inevitables. Independentistas o no, todos los catalanes nos veremos afectados.

Cabe la esperanza, aún, de que todos estos daños no sean irreversibles. Quienes votaron en las elecciones catalanas de 2015 nunca imaginaron quién iba a ser finalmente nuestro President ni hacia dónde pretendía llevarnos. Sí, claro que los catalanes queremos votar, pero para poder elegir a quién queremos que nos gobierne y que lo haga con un programa transparente y creíble.
Afortunadamente, vamos a contar con la garantía de nuestra Constitución, nuestras leyes y las instituciones del Estado para impedir este desaguisado. Nunca hemos gozado de mayores libertades, ni bienestar económico y social, que a partir de la Constitución española de 1978 ¿Acaso vivía mejor un catalán en 1640, 1715 o 1931?

Muchas voces reclaman, de forma insistente y hasta cansina, que se dejen de lado las «soluciones judiciales y legales» para lo que es «tan sólo» un problema político. Indudablemente, las relaciones entre las instituciones catalanas y el resto de España responden a un contexto político, a un conflicto que no surge en los últimos meses. 

Ahora bien, cualquier conflicto político en Democracia se arregla siempre en el marco de la Ley, jamás en su contra. Las leyes son modificables, no así los principios democráticos. El independentismo es tan legítimo como defender que se supriman las autonomías. Pero si estas causas quieren conseguir su fin, tendrán que cambiar antes la Constitución del 78.

Hablaremos de política cuando se restablezca el respeto al orden constitucional. Por más que el gobierno catalán se empeñe en agitar las calles, la fuerza de la Democracia, a través de nuestra Constitución, se impondrá. Nos va en ello nuestra convivencia y nuestro bienestar colectivo. 

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