Un gravísimo error: ¿Y ahora qué?

La Generalitat de Catalunya ha sido condenada a pagar 300.000 euros a una familia a la que los servicios responsables de la protección de la infancia retiraron la tutela de sus hijos, internándolos en centros de menores. En el 2009 los técnicos tomaron una decisión que, a pesar de las evidencias en contra no quisieron cambiar, causando un daño tremendo a estos menores y a sus padres.

Y esto tan grave ocurre porque tenemos un sistema de protección de la infancia que es básicamente intervencionista, que actúa cuando cree que ha de hacerlo pero sin posibilidad real de que la familia se defienda. Debería ser un sistema que se basara mucho más en la prevención, en la ayuda a las familias con dificultades. Pero estamos muy lejos de eso.

Y ahora, ¿quién se hace responsable del daño hecho a estos padres y a sus hijos? Esa cantidad se pagará con los impuestos de cada uno de nosotros, es decir, somos todos los que pagamos los errores de los técnicos y sus responsables.

Necesitamos urgentemente una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección, porque este es un caso extremo y particular, pero son centenares las familias que reclaman este cambio en profundidad porque se sienten tratadas injustamente. Familias que exigen que la administración de menores se baje del pedestal que presupone que todo lo hacen bien y acepten la evidencia de la necesidad de esta reforma que, hechos como el descrito, ponen dramáticamente en evidencia.

Francisco Cárdenas

(Presidente de la Asociación para la Defensa del Menor, APRODEME)