Una bofetada del TJUE al Parlamento europeo

La actuación del Parlamento Europeo en el caso de la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí ha dejado una estela de decisiones difíciles de justificar desde una perspectiva democrática y europeísta. Especialmente cuestionable resulta haber dejado en manos de un eurodiputado ultraderechista búlgaro la defensa de la posición oficial de la Eurocámara en un asunto de tal trascendencia política y simbólica. No se trata de una cuestión personal, sino de la señal institucional que se envía: la de una Europa que delega la gestión de un conflicto político complejo en actores que, por trayectoria e ideología, difícilmente pueden representar el espíritu de neutralidad, diálogo y cohesión que se le presupone. Con el paso del tiempo, esta operación refleja una utilización torticera de una institución europea que debería servir para la resolución de conflictos, no para su generación o amplificación. El Parlamento Europeo no puede convertirse en un escenario de instrumentalización partidista ni en una correa de transmisión de pulsiones punitivas que poco tienen que ver con la defensa de los derechos fundamentales y la representación democrática. Conviene recordar que la elección de Puigdemont, Ponsatí y Comín como eurodiputados fue, a todas luces, plenamente democrática. Fueron elegidos por la ciudadanía en las urnas, y ese mandato popular debería haber sido el punto de partida —y no el obstáculo— para cualquier actuación institucional. En este sentido, la decisión del entonces presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, de acoger a los tres diputados y reconocer su condición parlamentaria sale reforzada por el tiempo: fue una actuación coherente con los valores democráticos y con el respeto a la voluntad popular. Por el contrario, la actitud posterior de la institución, ya bajo la presidencia de Roberta Metsola, queda seriamente cuestionada. No tanto por una discrepancia política legítima, sino por la sensación de falta de liderazgo y de cesión ante dinámicas que erosionan la credibilidad del Parlamento como garante de derechos y libertades. Europa no puede permitirse que sus procedimientos se perciban como selectivos, ni que sus decisiones alimenten la desafección ciudadana hacia el proyecto común.