Muchos interrogantes e intereses en juego

El contrato para el servicio de recogida de la basura y limpieza viaria es el más importante de un Ayuntamiento. No solo por cuantía –233 millones de euros el de Tarragona, el mayor de su historia–, sino que también tiene que ver con una de las principales prioridades de la gente: que sus ciudades estén limpias. Nuestra obligación y responsabilidad como medio de comunicación es examinar con lupa el sector público.

Precisamente en defensa de los intereses de la ciudadanía, y también para aclarar cualquier sombra de dudas que pueda planear sobre la tramitación de los expedientes.

Con Servicios públicos a examen buscamos analizar a fondo estos contratos tan complejos. El de Tarragona acaba de adjudicarse y todavía planean muchas dudas sobre él.

El proceso administrativo para renovarlo se alargó durante cuatro años y contó con la principal participación de alcaldes, concejales, habilitados nacionales, altos funcionarios y técnicos.

La anterior concesión se otorgó en 2002 a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y, ahora, se formalizará a la francesa GBI Paprec, un nombre hasta ahora casi desconocido en nuestras comarcas ya que se trata de un gigante francés con poca presencia en Tarragona. GBI Paprec también es ahora la empresa adjudicataria del contrato en Salou.

En Reus, en cambio, la ganadora fue la UTE Valoriza- Romero Polo, hecho que llevó a los anteriores concesionarios (FCC) a iniciar una cruzada contra el concurso realizado.

Está claro que el contrato para el servicio de recogida y limpieza viaria es muy importante y que incide en la vida de la gente. Y también que en medio de todo ello hay muchos intereses en juego. Intereses económicos, políticos, empresariales y, quizás, personales. Todo tiene que rodar. Y hacerlo sin grietas, con base sólida y con voluntad de responder a las peticiones, demandas y necesidades de la gente. Voluntad de servicio público.