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Ara Reus denuncia en la Fiscalía el pago a la exasesora de Alícia Alegret

Por presuntos delitos de prevaricación malversación, y falsedad documental por los 30.000==euro== de indemnización
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El portavoz de Ara Reus, Jordi Cervera, dio a conocer el contenido de la denuncia ayer en la sede del partido. Foto: F. Gras

El portavoz de Ara Reus, Jordi Cervera, dio a conocer el contenido de la denuncia ayer en la sede del partido. Foto: F. Gras

Ara Reus denunció este lunes en la Fiscalía el pago de 30.000€ efectuado por Reus Serveis Municipals (antigua Innova) como indemnización por despido improcedente de la exasesora de Alícia Alegret cuando ésta era primera teniente de alcalde. Según el partido municipalista, los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Por todo esto, y una vez efectuadas las pertinentes investigaciones por parte del fiscal, la formación seguiría adelante con una denuncia criminal contra las personas responsables.

El portavoz de Ara Reus, Jordi Cervera, justificó la decisión porque «como miembro del consejo de administración de Reus Serveis Municipals (RSM) no puedo callarme si las cosas no se han hecho bien». En primer lugar, recriminó que antes de acordar el pago nadie expusiera el caso en el consejo de administración de RSM cuando se trataba de dinero público. «El caso se ha llevado como si fuera derecho mercantil cuando se debería haber hecho por la vía administrativa», añadió, sin dejar de mencionar que un ente público no puede efectuar pagos extrajudiciales, por lo que se habría incumplido con el procedimiento establecido en estos casos. «Las administraciones públicas siempre han esperado una sentencia firme para abonar las indemnizaciones determinadas judicialmente».

Cabe recordar que el propio alcalde de Reus, Carles Pellicer, explicó que el pacto entre las partes había sido impecable y con el máximo rigor posible. En este sentido, añadió que el acuerdo no era extrajudicial sino que se llevó a cabo en sede judicial y con la aprobación de la juez de lo Social número 1 de Reus.

Desde Ara Reus, también sostienen que los informes jurídicos que aprueban la indemnización «se habrían adaptado a las necesidades del Ayuntamiento o de la persona que habría autorizado el pago». Esto sería así porque un mismo abogado laboralista redactó dos documentos, uno de ellos tras producirse el acuerdo, que serían contradictorios. Mientras que el primero reconoce que la indemnización es excesiva, el otro «justificó a el acuerdo transaccional logrado en la mejor defensa de los intereses económicos de Innova».

La denuncia, presentada en rueda de prensa, también es contundente sobre el papel de autorizador del interventor municipal y la ausencia de control previo. «El gasto final tenía que ser no sólo justificado, también fiscalizado por el interventor del Ayuntamiento de Reus». Una afirmación que sustentan en el decreto de Alcadía de fecha 1 de agosto de 2012. En este sentido, se mostró sorprendido porque los informes jurídicos de Intervención y Secretaría municipal también son posteriores.

Para finalizar, Cervera afirmó desconocer porque el coste de la indemnización recae íntegramente contra Innova cuando la demanda de la exasesora también era contra el Ayuntamiento de Reus. En la denuncia no se menciona el caso de la otra exsecretaria de Alegret.

 

Triple demanda a Alegret

La demanda presentada por la exempleada del PP, Noelia Borràs, contra la entonces primera teniente de alcalde se sustentaba en tres aspectos: acoso laboral, extinción de contrato por parte de Innova y cesión ilegal de trabajadores contra el consistorio. El acuerdo de las partes se llevó a cabo sin necesidad de que se celebrara la vista y se pactó la indemnización después de que la exasesora presentara su desistimiento sobre el presunto mobbing sufrido por Alícia Alegret y la supuesta cesión ilegal.

Ese día, en el juzgado de lo Social Número 1 de Reus se vivieron momentos de tensión y llamó la atención los testigos presentes y citados por el abogado de la parte demandante, la mayoría de ellos concejales y miembros del PP.

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