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La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Reus, Teresa Gomis, a través de su abogado, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Tarragona por la detención que sufrió la semana pasada en el marco del caso Innova. Gomis considera que fue detenida «irregularmente» durante más de las 72 horas previstas por la ley y, por lo tanto, ha requerido la anulación de las tres medidas decretadas contra ella por el juez del ‘caso Innova’: retirada del pasaporte, prohibición de abandonar España y comparecencia semanal.
En el recurso presentado por su abogado, Pau Molins, y al que ha tenido acceso el Diari, se señala que se han cometido «actuaciones gravemente restrictivas de los derechos fundamentales» de Teresa Gomis. En concreto, detalla que la teniente de alcalde de Reus fue detenida en el marco de las diligencias judiciales el martes 28 de abril a las 9 de la mañana y el auto acordando su libertad no fue notificado a la defensa hasta, aproximadamente, las 19 horas del viernes 1 de mayo. Es decir, 82 horas después del momento del inicio de la libertad, cuando el tiempo máximo de detención prevista en la ley es de 72 horas.
Además alega que en los registros y en la detención de la presidenta del Grup Salut se deberían haber adoptado todo género de precauciones para no comprometer la «reputación» de la imputada, pues en los lugares donde se practicó esta diligencia se personaron varios medios de comunicación. El escrito describe la diferencia fundamental entre la detención policial y judicial: en la primera el detenido debe ser puesto a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas, en la segunda no hay puesta alguna a disposición judicial, dado que desde el primer momento el juez ya tiene a su plena disposición a la persona detenida.
Auto sin fundamento
En este contexto, la defensa incide en que Gomis estuvo privada de libertad durante 82 horas y que el auto dictado por el juez prorrogando la «detención judicial», dictado el 30 de abril por la noche, carece de fundamento y el motivo esgrimido es «inexistente». Y es que la Guardia Civil ya había comunicado que ya se habían culminado «todas las diligencias policiales».
El recurso explica que en su intervención en la vistilla para decidir sobre la libertad o prisión de Gomis, el letrado defensor «denunció con contundencia la gravísima vulneración de derechos fundamentales que se habían producido» y, en particular, el hecho de que se hubiera prorrogado la detención más allá de las 72 horas previstas por la ley. A pesar de que no se pidió que se elaborase auto al respecto, el mismo juez, de oficio, se apresuró a dictar uno en el que alegó la existencia de un «error involuntario» y enmendó el «supuesto error» la expresión «detención judicial», pero solo en la parte dispositiva, según la defensa.
