El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
La demanda presentada por la de la exasesora Noelia Borràs contra la exprimera teniente de alcalde, Alícia Alegret, siguió un proceso similar al de su antecesora. Según pudo saber el Diari, todas las partes alcanzaron un acuerdo global en el acto de conciliación, previo a la celebración del juicio, para indemnizar a la exasesora con 30.000 euros. Una cantidad que deberá pagar Innova en concepto de despido improcedente.
Por su parte, la exasesora presentó su desistimiento sobre el presunto mobbing sufrido por Alegret y en la supuesta cesión ilegal de trabajadores. Cabe recordar que la demanda se sustentaba en tres aspectos: acoso laboral, extinción de contrato por parte de Innova y cesión ilegal de trabajadores contra el Ayuntamiento de Reus.
El consistorio aprobó extinguirle el contrato a Noelia como asesora de programas especiales en el pleno del pasado 9 de marzo de 2013 al tratarse de un cargo de confianza. Una tarea que estuvo desarrollando durante, aproximadamente, medio año.
A pesar de no celebrarse el juicio, en el juzgado de lo Social Número 1 de Reus llamó poderosamente la atención los testigos presentes y citados por Elias Franco –abogado representante de la parte demandante– por su carga política. Allí se encontraban distintas personas vinculadas al Partido Popular y excompañeros de Alegret en el consistorio como las concejales Misericòrdia Bonfill, Montserrat Duch y Dolors Compte. Sus declaraciones no fueron necesarias al no celebrarse la vista.
El otro caso
El de ayer fue el segundo, y último caso, referente a las demandas presentadas contra Alícia Alegret. Un episodio que se ha alargado durante buena parte de esta legislatura. El primero tuvo lugar hace más de un año con una de sus exsecretarias que también la demandó por presunto mobbing. En aquella ocasión, tampoco se celebró juicio porque la exempleada presentó un desistimiento unilateral negando «de forma expresa» que hubiera sufrido acoso laboral por parte de la exconcejal.
También hizo lo mismo con la demanda contra el consistorio por cesión ilegal de trabajadores. Por último, fue Reus Transport Públic S.A. quien reconoció que la habían despedido de forma improcedente y la indemnizaron con 4.800€.
