La mujer de Batesteza, imputada por 5 delitos en las obras del nuevo hospital

El juez instructor del caso Innova, Diego Álvarez de Juan, ha imputado a la mujer del arquitecto Jorge Batesteza por los mismos delitos que a su marido. Silvia Barbera, que ayer declaró en el juzgado de Instrucción número 3 de Reus, es copropietaria de BBATS Consulting, la empresa de asesoramiento que comparte con su marido y que, presuntamente, habría emitido facturas a Innova por unos trabajos de asesoramiento de las obras de construcción del nuevo Hospital Sant Joan de Reus que no habrían sido realizados.

Por todo ello, el juez le imputa los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. El magistrado entiende que si BBATS emitió facturas y las cobró, la mujer de Batesteza estaba al corriente.

Esta nueva imputación se enmarca en la pieza separada número 2 del caso Innova, de la cual se levantó parcialmente el secreto de sumario, sobra la construcción del nuevo hospital reusense. El juez investiga si el arquitecto Jorge Batesteza, contratado por el holding de empresas municipales Innova para supervisar las obras, cobró por realizar unos trabajos «sin que se haya podido constatar que algunos de ellos fuesen realizados», según consta en el auto. Los trabajos los facturó a través de su empresa, BBATS Consulting, que «emitió las facturas, las cobró, las contabilizó y pagó los correspondientes impuestos». El juez señala que «es indiciariamente participe de tales hechos, ya que su condición en la sociedad le obligaba a desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal» y a cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos» con la misma diligencia y el control de la sociedad» recabando «de la sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones», tal y como imponen las normas que regulan este tipo de sociedades.

Por lo tanto, el juez imputa a la mujer de Batesteza por los delitos de prevaricación (ya que, según Álvarez de Juan, los responsables de Innova adjudicaron varios contratos ilegalmente a BBATS), malversación de caudales públicos (el juez cree que los responsables de Innova usaron caudales públicos sin respetar los principios de economía y eficiencia ya que no estaría justificado que la oferta de BBATS fuese la más ventajosa, ni que los trabajos pagados fuesen realmente realizados), de falsificación documental (al emitir desde BBATS facturas falsas que no reflejan la realidad de prestaciones realmente realizadas) y de blanqueo de capitales (ya que al declarar ante la Agencia Tributaria Española las cantidades recibidas por los contratos que fueron adjudicados «prevaricadoramente» y malversadoramente», y sabiendo que tenían tal condición, presuntamente, se realizó tal declaración fiscal para ocultar o encubrir su origen ilícito).