El alquiler sube en Tarragona y baja en Reus: así está funcionando el desigual tope a las rentas

Alquilar un piso en Tarragona capital es cada vez más complicado y también más caro, a pesar de que impere el control a las rentas, el mecanismo que limita a los propietarios cuánto pueden aumentar la mensualidad a los inquilinos. Ese tope manda desde hace más de un año en los 43 municipios tarraconenses considerados zonas tensionadas, pero lo hace con efectos desiguales, al menos por el momento.

Así lo refleja el balance oficial de precios publicado recientemente por la Generalitat, con datos de los contratos de alquileres de Incasòl, y relativos al segundo trimestre de este 2025. En Tarragona capital, el precio sigue subiendo: de 670 a 672 euros entre el primer trimestre y el segundo. Es también más que el dato del primer trimestre de 2024, ese momento de referencia, previo a la entrada en vigor de los topes: 664 euros.

No sucede así en Reus, que registra un descenso, en concreto de 603 euros el año pasado a 585 ahora. De hecho, en 24 de las 43 poblaciones, el 56%, los precios se han incrementado en ese intervalo. Sucede en núcleos tan poblados como El Vendrell, Valls, Amposta, Torredembarra, La Canonja o Deltebre. Por el contrario, sí se registra un descenso en 19 localidades, el 44% restante. Además de la capital del Baix Camp, figuran en esa lista Cambrils, Calafell, Salou o Tortosa.

Cada vez más competencia

Hace unos días, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecolàgica, Sílvia Paneque, sacaba pecho en el Parlament de una bajada de precios acumulada del 4,9% en Barcelona desde el inicio de la limitación de tarifas, en marzo de 2024. Paneque destacó que en el conjunto de los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado la reducción ha sido del 1,9%, mientras que en las localidades fuera de la regulación el precio ha incrementado un 6,6%.

«Los precios suben porque se alquilan más pisos de las gamas altas», dice Héctor Ruana, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana

Pero a pesar de que los precios se contengan, en general, cada vez es más difícil alquilar porque hay menos producto disponible. El sector inmobiliario y los expertos llevan tiempo alertando del trasvase de inmuebles del alquiler al arrendamiento de temporada o a la compraventa, en busca de una mayor seguridad jurídica o de más rentabilidad. Los últimos datos del Incasòl son elocuentes: en el segundo trimestre el número de contratos de alquiler ha caído un 6% en la provincia, otro tanto en el Camp de Tarragona y un 14% en el Ebre. 

La fuga es generalizada en cualquier municipio. ¿Cuál es el resultado? Una competencia cada vez más feroz por hacerse con un arrendamiento. El reciente Observatorio del Alquiler define a Tarragona como una zona con «la presión muy alta» en la que, de media, cada inmueble en alquiler tiene 93 candidatos, una de las cifras más altas de España. El informe añade que «las previsiones de oferta apuntan a que seguirá cayendo al cierre de 2025».

La evolución de la ese desplome de oferta es demoledora si se toma perspectiva: de 12.411 pisos en 2019 a los actuales 7.000, según este barómetro. Si ahora casi 100 personas rivalizan por un piso, en 2023 solo eran 10. El diagnóstico responde a que «las zonas tensionadas lideran la pérdida de oferta y el aumento de la demanda». Los expertos creen que esta situación está expulsando del mercado a algunos colectivos.

«La oferta de vivienda es cada vez más pequeña y eso afecta a los más vulnerables», sostiene Gemma Caballé, de la Càtedra d'Habitatge de la URV

La doctora Gemma Caballé, subdirectora de la Càtedra Unesco d’Habitatge de la URV, considera que «el efecto es el contrario al que se busca, porque la oferta es cada vez más pequeña y quien tendrá la opción de entrar a un alquiler serán las familias de mejores condiciones económicas». Caballé sostiene que «el arrendador siempre acabará aceptando a aquel inquilino que le ofrezca mayores garantías y eso excluirá a los más vulnerables».

Ferran Font, director de estudios de la plataforma Pisos.com, lamenta que «el mercado se está reduciendo, hay mucha más demanda que oferta y, si merma esta, los que necesitan un piso no desaparecen». Para Font, el desplome de productos afecta «a aquellas familias más modestas, que por otra parte están yendo a luchar a un mercado que no les corresponde, porque debería ser en realidad el del parque público, que es allí donde tienen que ir los jóvenes que se emancipan o las familias más vulnerables».

Efectos a largo plazo

Caballé, como el resto de expertos, señala que «aunque en algún lugar haya un efecto positivo en cuanto a contención, es algo minoritario en comparación con lo que provoca a largo plazo, que tiene que ver, por ejemplo, con el incremento del pago en negro, como se ha visto en otros países con el control de rentas». Font, desde Pisos.com, reconoce no saber «cómo los propietarios se animarán a poner sus inmuebles en alquiler en un futuro, si no tienen ningún aliciente».

¿Pero por qué los precios crecen en algunos municipios y en otros no si están topados? Caballé señala un factor que incide en las localidades donde ha habido una rebaja: «El precio puede descender porque la superficie de los pisos en alquiler se ha ido reduciendo y los metros cuadrados son menos, de ahí que el precio final sea más bajo».

Héctor Ruana, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, ofrece una explicación a por qué los precios se incrementan en estos lugares: «El valor medio que ofrecen las estadísticas del Incasòl se basa en las altas de los nuevos contratos firmados. Vemos que se han hecho menos alquileres de la gama baja de los precios. Digamos que en la muestra predominan más los productos de la banda más alta, donde ha habido más movimiento. En este caso, la gente con más capacidad parece ser que se está moviendo más».

Ruana confirma «un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda» y unas «dificultades de acceso evidentes» por la falta de producto. El responsable de la Cambra indica que «no hay propietarios que estén aplicando un régimen que no les toque porque las sanciones son muy duras».

Las multas previstas por saltarse los topes llegan a los 900.000 euros. La consellera Paneque admitió que ya se han empezado a tramitar sanciones por los incumplimientos y que su departamento tramita 30 expedientes al respecto, la mayoría en el área metropolitana de Barcelona.