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Bancos y empresas 'sin ley' frente a los ocupas

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó la Proposición de Ley del PDeCat para acelerar fundamentalmente el desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente, aunque esta no servirá para bancos y empresas

Raúl Cosano

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Imagen de archivo de una vivienda ocupada

Imagen de archivo de una vivienda ocupada

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó la Proposición de Ley del PDeCat para acelerar fundamentalmente el desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente y de forma premeditada, sobre todo, por mafias.

La nueva norma tiene, de hecho, un alcance pretendidamente limitado, ya que no incumbe a inquilinos que no pagan la renta. El objetivo es acortar los plazos para desahuciar a un ocupa y solo afectará a pequeños propietarios, ONG y administraciones públicas. Tampoco servirá a bancos ni a empresas. 

Ahora la proposición de ley se ha remitida al Senado, donde se aprobará definitivamente sin problemas. Entrará en vigor el día de su publicación en el BOE. Algunas fuentes calculan que el nuevo texto podría empezar a aplicarse ya en el plazo de dos meses. 

Pugna política

No obstante, la pugna política continúa alrededor de la norma. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha anunciado que llevará ante el Tribunal Constitucional la ley. Durante el debate de la iniciativa en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y una vez finalizada su votación, en declaraciones a los medios, el diputado de Podemos Rafa Mayoral denunció que recurrirán esta norma según se publique en el BOE. 

Su compañera en el grupo confederal, la portavoz de En Comú, Lucía Martín, ha asegurado que «esta ley no le va a tocar ni un pelo a las mafias que se aprovechan de las personas en situación de vulnerabilidad», y ha criticado que «la primera ley de vivienda que aprueba esta Cámara sea la que va a servir para desahuciar familias y personas vulnerables sin ninguna garantía de realojo».

El PDeCat, con el apoyo de PP, Ciudadanos y PNV, aprobó esta ley que quiere evitar las ocupaciones ilegales premeditadas y con fines lucrativos, es decir, pretende terminar con la extorsión a los propietarios a que paguen una compensación económica al desalojo a cambio de poder recuperar la vivienda de su propiedad. 

El PSOE ha criticado que la proposición de ley contiene medidas contra los ocupantes de las casas, pero no contra los «extorsionadores». Los socialistas creen que el texto no garantiza que aquellas familias que ocupan una vivienda porque se encuentran en «situación de vulnerabilidad» sean reubicados después del desalojo y tampoco una «alternativa habitacional» a los que lo necesitan. 

El reto básico es combatir la jungla en la que se ha convertido el mercado inmobiliario: desde aquellos que se ofrecen para vivir en una casa deshabitada a cambio de defender al propietario del fenómeno ocupa a, directamente, las empresas de ‘desokupación’ que han surgido en los últimos tiempos y que también han hecho acto de presencia en Tarragona. 

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