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Magda (nombre ficticio) tiene 50 años, está en el paro desde hace uno y vive sola. Tiene un problema de salud que todavía están estudiando, pero que ha disminuido sus fuerzas físicas al mínimo. «Yo, que llegué a tener dos trabajos», se lamenta.
En su casa el único electrodoméstico que permanece enchufado es la nevera; el resto solo los conecta cuando los va a usar y procura no encender la luz. «Voy con la linterna del móvil y en el baño tengo una lamparita a pilas... Le parecerá exagerado, pero es que yo cobro 395 euros al mes y no me da para más, tengo que comer, así que cada céntimo cuenta. Tengo el bono social, así que solo pago unos 16 euros al mes de luz. Sé que parece poco pero para mí es mucho. Este año, cuando llegue el frío de verdad tiraré de mantas. He preguntado por la bombona de butano y cuesta unos 17 euros», detalla.
Magda, que vive en un municipio del Tarragonés, dice que la pandemia se lo está poniendo muy difícil para hacer cualquier gestión porque ahora todo es on-line. «Mi móvil es prepago y no tengo ordenador ni wifi». Cuenta que en pleno confinamiento en su ayuntamiento le insistían en que debía descargarse una App para que le dieran un documento que necesitaba para pedir una ayuda.
El de Magda es un caso de pobreza energética de manual, con la diferencia de que ella es de las que ‘se mueve’ (una tercera parte de las familias no sabe ni de la existencia del bono social). La asesoran desde la Aliança contra la Pobresa Energètica.
Por debajo de los 20ºC
El 8% de los hogares pasará frío este invierno al tener una temperatura inferior a 17º C y un 35% la mantendrá entre los 18º C y los 19ºC, por debajo de los 20ºC recomendados. Son cálculos del ‘Informe sobre la Rehabilitación Energética en España’, del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y el Grupo Mutua de Propietarios.
Y todo justo en el año en que, por recomendaciones sanitarias, seguramente nos tocará pasar más tiempo en casa. Valga destacar que durante el primer estado de alarma el Gobierno, dentro del grupo de medidas del ‘Escudo social’, decretó la moratoria de los cortes de suministros, pero la medida venció el 30 de septiembre. A principios de mes, más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales firmaron un manifiesto para que se recupere la moratoria, pero todavía no hay respuesta.
«Es por la salud de todos»
Fanny Asencio, activista de la Aliança contra la Pobresa Energètica en Tarragona, explica que la pandemia les ha obligado a cambiar su manera de funcionar y las reuniones se han reconvertido en un grupo de WhatsApp. «Pero hay que tener en cuenta que mucha gente que tiene dificultades para acceder a los servicios también tiene problemas para acceder a la tecnología», recuerda.
Explica que el confinamiento dejó al descubierto situaciones impensables, las familias que dependen de las fuentes públicas para abastecerse de agua. Es un problema para estas familias, pero también para la sociedad en general, porque así no se pueden cumplir con todas las medidas de higiene», recuerda.
El otro gran problema que se están encontrando es que el traslado de los trámites a internet está excluyendo todavía a más personas. «Por ejemplo, para tramitar el bono energético es un camino bastante tormentoso. Se necesitan muchos documentos y si no tienen ordenador hacerlo desde el móvil y cargar tanta información es muy complicado... No hay que olvidar, además, que en muchos casos son personas que tienen problemas con el idioma».
Actualmente, si una familia tiene un informe de vulnerabilidad de Serveis Socials de su ayuntamiento no le pueden cortar el suministro, pero la deuda se va acumulando.
Más informes de vulnerabilidad
«Las familias tienen mucho miedo y eso está mermando su salud. Puede que encuentren trabajo y dejen de tener el informe de vulnerabilidad, con lo que sí podrían cortarles el suministro. El problema es que su situación no cambia de la noche a la mañana y cubrir una deuda de 1.500 euros, por ejemplo, va a resultarles imposible», explica Asencio.
En la ciudad de Tarragona se tramitaron en 2019 un total de 2.124 informes de vulnerabilidad (el año anterior habían sido 1.294), tal como explica Sandra Arnal, técnica de Serveis Socials (SS) del Ayuntamiento de Tarragona.
En lo que se refiere a las ayudas de urgencia de SS relacionadas con pobreza energética sí que hubo cierta disminución, de 1.009 en 2018 a 914 en 2019. El gasto total fue de 58.849 euros. No obstante, explica Arnal, que el número de ayudas haya bajado puede que no tenga tanto que ver con una mejora en la situación como con el hecho de que, como se realizaron más informes para evitar el corte de suministros, fue necesario dar menos ayudas.
La mayor parte de estas ayudas son para pagar la electricidad, pero a nadie se le escapa que todas estas cifras no reflejan lo que pasará tras la pandemia.
En el caso del agua, Ematsa cuenta con su propio bono social. Desde enero de este año se han acogido a él 429 familias y se han empleado 142.280 €. A petición de Serveis Socials también han activado 24 contadores durante el confinamiento domiciliario para garantizar el acceso al agua por 48.000€.
Antes de que acabe el año, y con la colaboración de SMAHUSA y la Casa d’Oficis, Serveis Socials hará reformas en cuatro viviendas de personas vulnerables para mejorar su aislamiento, así como evitar barreras.
No obstante, Arnal reconoce que uno de los grandes problemas sigue siendo la falta de información por parte de los consumidores, especialmente los más vulnerables. Actualmente se está tramitando la puesta en marcha del punto de asesoramiento energético. El servicio anterior acabó en 2018 y se espera que el nuevo se ponga en marcha el año que viene. Esta vez el contrato será por cuatro años.
