En trámite por la vía de «urgencia» la expropiación de un edificio en la Part Alta de TGN

Hace referencia a un inmueble de la Baixada de la Peixateria por el que su propietario pide más de un millón de euros

NÚRIA RIU

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El inmueble de la Baixada de la Peixateria está muy degradado. FOTO: PERE FERRÉ

El inmueble de la Baixada de la Peixateria está muy degradado. FOTO: PERE FERRÉ

El Ayuntamiento de Tarragona tramitará por la vía de «urgencia» el expediente para la expropiación de un inmueble en la Part Alta. Se trata del número 21 de la Baixada de la Peixateria, un edificio en un avanzado estado de degradación, que desde 2018 es objeto de un intenso pulso entre la corporación municipal y su propietario.

La decisión responde a un revés desde la administración local, en respuesta al procedimiento que inició el dueño de la finca. Este había solicitado el inicio del trámite de expropiación, teniendo en cuenta el estado de conservación del inmueble y que este está afectado por el proyecto de recuperación de la Capçalera del Circ. Esto significa que, cuando se retomen las excavaciones en este punto, tanto este bloque como los adyacentes tendrán que derribarse, ya que el espacio está calificado como «equipamiento público a expropiar con uso de monumento historicoartístico».

A dicho efecto, el propietario del inmueble acudió al Jurat d’Expropiació de Catalunya solicitando el aprecio de la finca. Desde el Ayuntamiento se intentó frenar, solicitando la «inadmisión» de este trámite. Por este motivo, presentó un escrito de alegaciones en las que se defendía que el Circ es un Bien de Interés Nacional, y por tanto debía ser la Generalitat la responsable.

En paralelo a las alegaciones, la arquitecta técnica de los Serveis Tècnics de Territori hizo una valoración de la finca, a efectos de disponer de la hoja de aprecio que había solicitado el jurado. De acuerdo con esta, el Ayuntamiento fijó el coste de expropiación en la cantidad de 78.917,91 euros. Una cifra muy inferior a la que solicita el propietario, que ha valorado en 1.156.833,75 euros el precio.

En paralelo, el pasado mes de octubre, el Departament de Cultura de la Generalitat presentó alegaciones en las que, entre otros motivos, exponía que el beneficiario de la expropiación sería el Ayuntamiento de Tarragona y que la administración autonómica no disponía del crédito necesario para hacer frente a la cifra de casi 79.000 euros que, según la corporación municipal, es la cantidad en la que se había valorado la finca.

El texto refundido de la Llei d’Urbanisme establece que, si transcurridos tres meses la administración –en este caso el Ayuntamiento– no ha aceptado la valoración, el titular de los bienes puede dirigirse al Jurat d’Expropiació de Catalunya, para que sea este organismo el que fije un precio justo. A partir de ahí, se establece un plazo de seis meses para hacer frente a su pago.

En este caso en concreto, el plazo de tres meses expiró el pasado día 2 de diciembre, por lo que el Ayuntamiento decidió que, antes de que el afectado diera el siguiente paso y que fuera el Jurat d’Expropiació de Catalunya el que fije el precio, se procedería a declarar la urgencia en la tramitación del expediente a fin y efecto su incoación.

Asimismo, otro de los factores de preocupación es que a raíz de la situación jurídica que ha iniciado el propietario de este inmueble, pueda hacerse «extensiva» al resto de inmuebles adyacentes. Por este motivo, en el decreto redactado por los servicios técnicos municipales habla de la necesidad de un «acuerdo de colaboración interadministrativa» entre el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya, que aborde «de forma íntegra» las cuestiones relativas a la ejecución de la fase B de la tercera fase del Pla Especial de Pilats, que es el que afecta a este sector de viviendas. Hasta el momento, la administración local ha sido la que «mayoritariamente» ha asumido los importes derivados de dichas compras, a excepción de la finca ubicada en la Rambla Vella número 3, que fue adquirida por la Generalitat.

El pulso con el propietario del inmueble se inició con Josep Maria Milà como concejal de Urbanisme y Begoña Floria como responsable de Patrimoni. La edil socialista argumenta que «esto es un pez que se muerde la cola, porque la Generalitat dice que no tiene dinero y al final siempre lo acaba asumiendo el Ayuntamiento, y más adelante, como los antecedentes son estos, dicen que tenemos que ser nosotros los que pagamos». Por este motivo, defiende la necesidad de un convenio entre ambas partes en relación a este proyecto. «El Ayuntamiento solo no puede ni debe asumir toda la responsabilidad sobre mantenimiento, compra y preservación del Patrimonio Mundial de Tarraco, por lo que el consistorio debería ser más beligerante al respecto».

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