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El nuevo magistrado del Juzgado de Familia de Tarragona no ha comenzado con buen pie. Cuando hace escasamente tres meses que ha ocupado su nuevo puesto ya tiene a los funcionarios y a los abogados en pie de guerra. El trato que mantiene con el personal del Juzgado y el hecho de que no dicta sentencias ha provocado malestar entre ambos colectivos. La situación fue tratada ayer en la reunión de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que en unos días tomará una decisión. El pasado de este magistrado por otros juzgados españoles –incluso por la propia Audiencia Nacional– no ha estado exento de polémica e incluso se le han abierto expedientes y ha sido sancionado.
Cuando el pasado 12 de junio el Boletín Oficial del Estado recogía el nombramiento de Manuel Arce Lana como nuevo magistrado al frente del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Tarragona –que se encarga exclusivamente de los temas de familia– se levantaron todas las alarmas porque su paso por otros órganos judiciales había dejado huella, y no precisamente positiva.
Según ha podido saber el Diari, el pasado jueves los sindicatos de los funcionarios de Justícia se reunieron con el presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Javier Hernández. Le hicieron llegar la indignación del colectivo de trabajadores hacia el magistrado por la manera como los trata. Indicaron que el Juzgado había sido modelo a la hora de funcionar, tanto del magistrado que había hasta ahora como el de refuerzo y la secretaria judicial. Pero con la llegada de Manuel Arce el ambiente ha cambiado. Algunas fuentes aseguran que el magistrado trata al personal con mala educación y despotismo.
Su «ilustrísima»
Pero el malestar también ha llegado a los abogados. Algunos aseguran que no les deja hablar, otros que les obliga a vestir de traje oscuro y que entren en sala con la toga, o que cuando se dirijan a él lo hagan refiriéndose a su «ilustrísima». Pero lo que encuentran más grave es que no haya dictado ni una sentencia –algunas fuentes dicen que quizás alguna–. Tampoco las de conformidad entre los cónyuges, que son rápidas de redactar, según las fuentes consultadas por el Diari. Pero además tampoco dicta resoluciones de guardia y custodia, las medidas provisionales relativas a los hijos mientras no llega la sentencia de divorcio. Y ello está provocando graves problemas entre las parejas que se quieren separar.
El pasado viernes, el Col·legi d’Advocats de Tarragona hizo llegar a Javier Hernández un documento exponiéndole las quejas. Tanto éste como el de los funcionarios fueron puestos encima de la mesa ayer por la mañana en la reunión semanal de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ahora, el ponente tendrá que redactar la resolución sobre el problema.
El historial
Manuel Arce estaba en el Juzgado Contencioso número 4 de la Audiencia Nacional, adonde no llegaba antes de las dos de la tarde. Una inspección en 2010 determinó que tenía 540 sentencias sin redactar. Fue suspendido y después el Consejo General del Poder Judicial lo castigó con siete meses sin empleo ni sueldo. Mientras, se tuvo que contratar a tres jueces para sacar el trabajo pendiente.
Cuando el Tribunal Supremo confirmó la sanción, Arce ya estaba en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo. De ahí fue echado con 200 casos sin dictar. Y se fue al Juzgado de lo Contencioso 2 de Almería.
En 2004 ya se le abrió otro expediente por trato desconsiderado hacia los funcionarios –daba puñetazos en la mesa, gritaba al personal o profería insultos como ‘feo’ o ‘gordo’–, y se tenían que dirigirse a él como «ilustrísima». Algunos trabajadores cogieron la baja. Pero la multa le fue quitada porque el expediente se redactó fuera del plazo previsto.
