Joan Anton Font: ‘El Estado no podrá hacer nada a quien colabore con el referéndum’

- ¿Se siente amenazado y presionado por parte del Estado?
-Lo intentan. No me siento realmente así porqué sé que el Gobierno Central no me puede hacer absolutamente nada por lo que estoy haciendo. 

- ¿La carta que le envió el secretario de Estado es un intento de amenaza?
-Sí, más que nada porqué el Estado nunca nos envía nada. El señor Bermúdez es la primera vez que se relaciona con los secretarios, que hacemos nuestro trabajo de acuerdo con nuestro código ético. 

- En la misiva asegura que el referéndum va contra la Constitución.
-Estoy muy tranquilo. Lo que me molesta es que se intente presionar a un colectivo profesional sólo por un titular de prensa, ya que esta carta la recibieron antes los medios de comunicación que nosotros. 

El Código Penal Español no prevé que proclamar la independencia sea delito. Pues el camino para lograrla tampoco lo puede ser’ 

- ¿Cree que hay secretarios que tienen miedo?
-Puede ser. Por un parte el Estado dice que no se presione a los funcionarios pero, por otra, se nos advierte de que si actuamos de una cierta forma podría tener consecuencias. 

- ¿Cree que puede tener consecuencias decir que el Ayuntamiento puede colaborar con el referéndum?
-No, ni una. Es curioso que haya sindicatos que sólo abronquen a la Generalitat pero que, en cambio, no digan nada al Estado, que es el único que nos ha advertido de posibles consecuencias.

 
- ¿Por qué fue el primero en contestar al Estado?
-Lo han hecho otros también. He recibido llamadas de otros secretarios e interventores para usar la misma carta. 

- ¿Qué es lo que le incitó a responder?
-Por una cuestión de integridad. Ya está bien de que haya gente que crea que bailamos según a no sé que ritmo ni que somos marionetas. Actuamos con imparcialidad y neutralidad, pero necesitamos trabajar libremente. ¿Por qué no envían también esta carta al Ministerio Fiscal o a los abogados del Estado? 

- En la misiva usted dice que no dependen del Estado. 
-Es que no dependemos funcionarialmente del Gobierno Central. Nosotros tenemos una habilitación y pasamos por un concurso estatal, pero prestamos nuestros servicios a los ayuntamientos, que son quienes nos pagan. 

- Lo curioso es que se les advierte de una normativa aún inexistente, como es la convocatoria del referéndum. 
-Es que no sabemos ni cómo será. No conocemos aún la logística electoral, ya que los decretos no están dictados y nos otorgan funciones de más. 

- ¿Es un disparate la carta del Estado?
-Total. No se la pensaron demasiado. Esta carta, en un caso práctico de la universidad, sería un suspenso. 

‘Los secretarios debemos hacer cumplir la Constitución. Pero a partir de septiembre también deberemos acatar la Llei del Referèndum, ¿no?’

- ¿Le han contestado la carta que usted envió?
-No. Con el 9-N también contestamos a la subdelegada. 

- ¿Y le ha llamado algún responsable político?
-Tampoco. No me pueden decir nada porqué no tienen ninguna respuesta. 

- ¿Ha hablado del tema con el alcalde Ballesteros?
-Hablamos de muchas cosas, y sí que lo hemos comentado. Respeta profundamente mis actuaciones profesionales. 

- Su colegio profesional se ha posicionado a favor de respetar la Constitución. 
-Se ha querido buscar el titular fácil. Lo que dicen es que tenemos unos principios de actuación y un código ético. 

- Pero insiste en que debe cumplirse la Constitución. 
-El código ético está redactado en 2005 y hace referencia a la legalidad vigente.

- ¿Cree entonces que el código deberá actualizarse si se aprueba la Llei del Referèndum?
-Nosotros debemos actuar de acuerdo con la ley en vigor. Somos imparciales. Si en España se cambiara el ordenamiento jurídico, pues se dejaría de cumplir la Constitución, ¿no?

- ¿Usted es imparcial con el Procés?
-Cada uno interpreta la ley con un prisma de subjetividad. Y esto pasa desde las dos partes, tanto los unionistas como los independentistas. Las dos posturas seguro que están perfectamente fundamentadas a nivel jurídico. 

- ¿El Procés es una cuestión jurídica o política?
-Es un error reconducirlo al ámbito jurídico. Estoy seguro que al final todo acabará fuera de España, ya sea un tribunal o los países que reconozcan al Estado catalán. 

- ¿Será delito que los funcionarios colaboraren con el referéndum?
-No. Hemos analizado los tipos delictivos del Tribunal Supremo. Y no lo es. El Código Penal no prevé que la independencia sea delito, por lo que el camino para llegar hasta ella tampoco lo es.   

- O sea, ¿los trabajadores municipales que quieran podrán colaborar con el 1-O sin ser sancionados? 
-No han sacado la normativa, pero han dicho que la votación será como siempre. No deben tener ningún tipo de miedo ni cometen ninguna infracción. 

- El PSC le pedirá un informe jurídico sobre la convocatoria del referéndum. 
-No conozco la ley aún, pero si se hace bien creo que será imposible que no se pueda aplicar. El Estado no tiene medios para frenar el 1 de octubre. Por la vía del derecho internacional es imposible de parar. 

- ¿Por qué?
-Pues porqué no hay delito. Y con la fuerza tampoco podrán, porqué estamos en la OTAN. Sólo hay la vía del diálogo. 

- ¿El Ayuntamiento podrá ceder espacios para votar?
-Sí. Si se hace como siempre, los ayuntamientos ponemos a disposición de la junta electoral nuestros espacios. 

- ¿El alcalde Ballesteros cometerá una prevaricación si no cede instalaciones?
-No creo, porqué habrá secretarios que interpretarán las dos cosas, por lo que tendrá argumentación jurídica para ceder espacios y para no hacerlo.