La trama que amañó contratos millonarios de tren en Tarragona

Varias empresas se repartieron en la provincia tres proyectos del Corredor y de implantación del ancho estándar, estafando a Adif con sobrecostes. La red se ha desmantelado con 127 millones de multa

Raúl Cosano

Whatsapp
El tramo Tarragona-Vandellòs es uno de los que tiene licitaciones afectadas por el cártel. Foto: Pere Ferré

El tramo Tarragona-Vandellòs es uno de los que tiene licitaciones afectadas por el cártel. Foto: Pere Ferré

Al menos tres proyectos de la Alta Velocidad en Tarragona fueron amañados por un grupo de empresas en una trama que duró 15 años y que se repartió licitaciones de Adif por valor de más de 4.100 millones de euros. Las obras pactadas en la provincia tienen que ver con el Corredor del Mediterrani y son igualmente muy cuantiosas. Las compañías crearon un cártel que se repartió de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif, entre 2002 y 2017. Las actuaciones tenían que ver con la instalación y el mantenimiento de sistemas de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria.

Uno de los contratos adulterados en Tarragona tenía un presupuesto de 95,5 millones de euros y era de 2014. Consistía en un grupo de intervenciones en el tramo de Vandellòs-Camp de Tarragona de la conexión del Corredor con la alta velocidad que va de Madrid a Barcelona y a la frontera francesa. El otro proyecto, de 2013, ascendía a 83,1 millones. Se trataba de la implantación de ancho estándar en el Corredor, en concreto en el subtramo de Castellbisbal-Tarragona-nudo de Vila-seca. Igualmente, las obras tenían que ver con sistemas de seguridad y comunicaciones. «Este tipo de instalaciones son esenciales para controlar y gestionar el tráfico ferroviario, las comunicaciones y la protección en la red de AVE (alta velocidad) y de las líneas convencionales (media distancia y cercanías) de la red ferroviaria española», indica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que acaba de desmantelar el cártel.

El ramal Tarragona-Vandellòs es otro de los tramos afectados. En concreto, es una actuación de 2014 englobada en un gran paquete de 282,9 millones de euros, aunque incluye también trabajos en otros puntos de la vía en España. Aquí se llevaron a cabo servicios de mantenimiento o renovación de instalaciones de telecomunicaciones.

Por este tipo de amaños, la CNMC acaba de imponer multas por un total de 127,3 millones de euros a Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens S.A. y Thales, y a 10 de sus directivos (483.000 euros) por la participación en el cártel. El organismo regulador califica estas prácticas de «especialmente dañinas», ya que «en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a las compañías cartelizadas».

El cártel surgió en 2002 por iniciativa de las dos principales empresas del sector en ese mercado, Alcaltel (a partir de 2007 Thales) y Dimetronic (desde 2013 Siemens Rail), con el objetivo de no competir y repartirse las licitaciones mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas, UTE.

Comunicaciones delatoras

Ambas compañías se repartieron los importes adjudicados (en los acuerdos iniciales se fijó en un 50-50%, que después se ajustó al 55-45%), y también la tecnología de señalización empleada en los proyectos. De esta forma, pudieron introducir sus sistemas tecnológicos en los concursos ganados al 50%, y se garantizaron también los contratos de mantenimiento (y sus correspondientes renovaciones). A partir de 2003, se sumaron otras empresas al cártel: Siemens S.A., en 2003, NSN (actual Nokia), en 2007, y Cobra, en 2008.

Algunos de los correos intervenidos, y que tienen que ver con las obras de Tarragona, muestran el modus operandi. En los mails se refleja la existencia de acuerdos, negociaciones y pactos entre responsables de las compañías.

Así lo relata la CNMC en su reciente resolución. En un correo electrónico de febrero de 2014 en la empresa Thales uno de los responsables adjuntaba a otros su «propuesta para el reparto con Siemens Rail de la licitación Vandellós-Camp de Tarragona» indicando: «Posiblemente Siemens pida (ya lo ha hecho) hacer más tecnología en obra, pero esto no respetaría los acuerdos previos y además rompería el equilibrio para llegar al 55/45». Siemens Rail no dio el visto bueno a esa proposición. «Como era de esperar (ya me lo habían adelantado de cierta manera) no aceptan la propuesta. Dicen que ‘la Siemens’ no puede aceptar ir a una obra sin tener cierto volumen de tecnología en ENCEs o ERTMS (Sistema Europeo de Gestión de Tráfico). Yo les recordé que vuelven a incumplir sus compromisos». A continuación hay un extracto muy revelador de los problemas que tenían ambas afirmas a la hora de ponerse de acuerdo: «Todo me hace pensar que nuestra relación ‘win-win’ se empieza a resquebrajar seriamente y que ambos nos vemos como un lastre más que como un socio fiable».

«Definir repartos definitivos»

En otro mail interno en Thales, se indica el concepto ‘Definir repartos definitivos de obra para los próximos proyectos’ y se muestran los roces y las fricciones a la hora de negociar por la actuación de Vandellós-Tarragona: «Hablan de meter esta obra en el saco de los acuerdos de alta velocidad y hacer una UTE repartiendo tecnología. Mi propuesta por todo lo que ha pasado es que esta obra es extensión de corredor mediterráneo, con lo cual es para Thales (desde mi punto de vista innegociable)».

Para cumplir los acuerdos adoptados, las empresas del cártel decidían qué UTE (Unión Temporal de Empresas) –participada por las empresas del cártel– optaba a ganar cada licitación, presentando otras UTE o, en su caso, empresas del cártel de forma individualizada, con ofertas de acompañamiento. «Este tipo de acuerdos y prácticas concertadas revelan el uso de la UTE como instrumento habitual del cártel, sin que existiera una verdadera necesidad de utilizar dicha opción ni eficiencias que fueran trasladadas al órgano licitante», indica la CNMC.

Este ente es muy severo en su resolución: «Se trata de un cártel muy dañino que ha tenido el efecto real de eliminar o al menos restringir significativamente la competencia en 82 licitaciones. Durante sus 15 años de duración, las empresas se adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142 millones. En algunos casos, la ejecución de los contratos adjudicados se mantiene hasta los años 2035, 2037, 2038 y 2040, por lo que sus efectos van más allá de la duración de propio cártel».

Las firmas Siemens Rail y Siemens SA participaron en el programa de clemencia, aportando información, con lo que lograron una reducción del 50% de las multas aplicadas.

Temas

Comentarios

Lea También