Los drones del Catastro detectan fraude en más de 57.000 inmuebles

El plan de regularización catastral ha provocado que se destapen en Tarragona algo más de 57.000 inmuebles no declarados y que en los últimos cuatro años –desde que se inició esta inspección el recibo medio del impuesto de bienes inmuebles (IBI) se haya incrementado en los municipios tarraconenses alrededor de un 2%, según los datos que maneja la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda. El balance llega hasta septiembre del año pasado, a pesar de que el proceso de detección de fraude continuará durante este ejercicio, cuando debe concluir. 

Esos incrementos en la recaudación se han producido al margen de las subidas que hayan ejecutado los propios ayuntamientos durante este tiempo, cumpliendo esa norma no escrita que dice que, pase lo que pase, el recibo de la contribución siempre sube. 

El hecho de que aflore un bien oculto (una nueva construcción, una ampliación, una reforma sin declarar o una piscina) hace que aumente el valor catastral de esa propiedad pero también, como consecuencia, el impuesto que se paga por ella en las arcas municipales. En cada oleada de datos, el Ministerio de Hacienda se ha esmerado en aclarar que el proceso no consiste en un catastrazo. «No se pretende alterar el valor de los bienes declarados sino incorporar al registro aquellos inmuebles y alteraciones como ampliaciones y rehabilitaciones que no figuren. Todo eso supone un fraude fiscal, al no coincidir la descripción en el Catastro con la realidad inmobiliaria», defienden fuentes del Ministerio. Se trata de una regularización, en virtud de la ley del catastro inmobiliario, que establece una tasa de 60 euros por la comunicación de esa irregularidad, con el objetivo de abonar los costes de la inspección.

Hasta la fecha, el sondeo se ha completado en 137 localidades tarraconenses, entre ellas las más extensas y también las más pobladas. Es el 74% del total de 184 poblaciones que hay en la provincia, lo que indica el estado avanzado de un plan que debería culminar en 2018.

Esas inspecciones, además de comportar el pago de la tasa, acarrean para el propietario un abono de esa diferencia del IBI retrasada y no satisfecha, en concepto de atrasos. A más metros cuadrados detectados, mayor es el valor catastral de la propiedad, una variable que se emplea para fijar la cuantía de diferentes impuestos estatales (IRPF y sobre el Patrimonio), autonómicos (sucesiones y transmisiones) y municipales (IBI y plusvalías). 

3,4 millones recaudados
El grueso de los incrementos recae en el recibo de la contribución. En los 137 municipios con la inspección terminada, el incremento medio del recibo del padrón del IBI es de un 2,24%. 

Solo en ese concepto de la tasa que cobra el Catastro para cubrir los gastos de los servicios Hacienda, que niega cualquier afán recaudatorio, se han abonado en la provincia 3,4 millones de euros.

Esa tasa debe servir para financiar el propio plan, que por primera vez emplea los últimos avances tecnológicos para el rastreo: desde la captura de fotos aérea mediante drones o satélite hasta las comprobaciones ‘in situ’ de inspectores sobre el terreno. 

El proceso de regularización no lleva aparejada ninguna sanción, aunque sí puede servir a los ayuntamientos y a la Generalitat a penalizar obras ilegales. La Ley del Catastro Inmobiliario obliga a declarar de forma completa y correcta las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones realizadas. Las multas podrían oscilar entre los 60 y los 6.000 euros, en función de la gravedad. 

La casuística es muy diversa. No siempre se trata de nuevas construcciones que no estén dadas de alta. Casas por las que sólo se tributa el suelo, viviendas de un piso que ahora tienen dos o bloques antiguos y en mal estado que han sido sometidos a profundas obras de rehabilitación forman parte de las situaciones detectadas en las ‘batidas’ por tierra y por aire. 

También puede haber, sobre todo en municipios con segundas residencias, casas de campo transformadas en chalets, almacenes que ahora tienen un uso comercial, fincas familiares con vivienda adicional levantada al lado, balsa de riego reconvertida en piscina, un aparcamiento del que nunca se dio cuenta, una ampliación de la casa para ganar metros al patio trasero o, en la ciudad, un ático con una terraza cerrada para sumar otra habitación. 

En suma, la regularización catastral ha permitido nutrir las arcas municipales para regocijo de concejales y alcaldes, que siguen manteniendo a flote sus economías gracias a tributos fundamentales como el IBI, un auténtico filón durante la época en la que el resto de ingresos han escaseado.  

Así, los satélites y los drones del Ministerio de Hacienda habían permitido generar en la provincia una recaudación extraordinaria de 23,5 millones, sólo cuando había 30.000 inmuebles detectados, una cifra que prácticamente se ha duplicado en los últimos años, por lo que el montante estimado de lo recaudado podría rondar los 50 millones, sólo en Tarragona. 

La Dirección General del Catastro prolongó hasta este 1 de julio el procedimiento de regularización. Hacienda argumenta que «la complejidad de las actuaciones desarrolladas en el procedimiento» para comprobar que los bienes declarados al catastro coinciden efectivamente con «la realidad inmobiliaria», y dado «el elevado número de municipios a comprobar y su dispersión geográfica» hace que los plazos fijados en un principio resulten «parcialmente insuficientes».

La prórroga afecta a 47 municipios tarraconenses de esa última tanda, que verán retrasada una inspección a la que le quedan cinco meses para finalizar. Entre ellos están poblaciones grandes como Salou, Cambrils y Vila-seca y otras más pequeñas como Cunit, Altafulla, Les Borges del Camp, Ulldecona, Tivenys, Querol o Riudecanyes.