‘No pierdo la esperanza de cobrar un día el dinero que nos incautó Franco’

Al menos una veintena de familias de Tarragona podrán recuperar, si el Gobierno del PP hace caso al Congreso, el dinero que las autoridades franquistas incautaron a sus padres y abuelos al final de la Guerra Civil. 

La Cámara Baja acaba de aprobar una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a investigar cuánto dinero se incautó en total y a reconocer el «derecho a obtener reparación» a los damnificados o a sus herederos.

En los estertores de la Guerra Civil, la represión no sólo fue física y política sino también económica. En septiembre de 1938, las autoridades franquistas ordenaron el canje del dinero emitido por la República antes del 18 de julio de 1936 –fecha del golpe de Estado– por dinero emitido por el Gobierno sublevado. 

Prohibieron también de un plumazo la tenencia de todo dinero republicano posterior al día de la sublevación. De la noche a la mañana, ese dinero se convertía en papel mojado.

Son de Tarragona, Reus, El Vendrell, Mont-roig, El Perelló, Camarles...

En teoría, el dinero ‘republicano’ previo al golpe de Estado debía reconvertirse en dinero ‘nacional’, pero en muchos caso no fue así. Las familias que entregaron –por obligación legal– el dinero se quedaron sin los ahorros de toda una vida. Se les dio un resguardo, pero el documento no sirvió para nada. Hasta ahora, en que será la base para reclamar la devolución del dinero.

Entre los posibles beneficiados hay personas de Tarragona, Reus, El Vendrell, Mont-roig, L’Hospitalet, Riudecols, La Riera de Gaià, El Pla de Santa Maria, Montblanc, L’Argentera, El Perelló, El Morell, Cunit, Camarles, Alcover, Calafell, El Catllar, L’Ametlla de Mar, Benissanet...

Todos ellos forman parte de la Apigf (Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista), una entidad que ha encabezado la lucha para la recuperación de esos bienes y que ha contado con la complicidad de partidos como ERC y la extinta CDC que han presentado una y otra vez proposiciones en el Congreso para hacer justicia. 

Todos los intentos fueron fracasando hasta el último, que contó con el apoyo en la comisión de Economía del Congreso de los grupos de la oposición –salvo Ciudadanos, que se abstuvo–y el voto negativo del PP.

La propuesta fue de ERC. Su promotora, la diputada Ester Capella, resalta el cambio de criterio del PSOE, que se había opuesto en anteriores ocasiones, pero que esta vez la apoyó tras haber votado a favor de una resolución muy similar del Parlament. 

También hay gente de Alcover, El Catllar, L'Ametlla, Benissanet, El Pla de Santa Maria, Montblanc...

Capella precisa que los presupuestos de 2018 –los del 2017 ya están aprobados– deberían incorporar una partida para compensar a los familiares de los damnificados, pero duda que el Gobierno cumpla la resolución.

«La proposición no de ley llega tarde, pero es un paso adelante en la memoria histórica –asegura Capella–. Es muy importante la dignificación y reconocer las agresiones que se hicieron de un modo sistemático».

Pero más allá del acto de justicia, del reconocimiento simbólico, ¿podrán cobrar los herederos el dinero que Franco expolió a sus padres o abuelos? Tres familias de Tarragona se muestran escépticas dada la forma de proceder del PP.

José Masvidal, del Serrallo, atesora el resguardo de las 15.135 pesetas de 1939 que le incautaron a su madre, Carmen Cañellas. Era el dinero que en parte habían ahorrado y en parte obtuvieron por la venta del motor y los aparejos que pudieron rescatar de la barca familiar, hundida por un bombardeo. 

Su padre, Ignasi ‘el canari’(apodo que se ganó por su asombrosa voz, parecida a la de un canario, según sus vecinos), era pescador. Fue la dura faena en la mar la que salvó a la familia de la miseria. Carmeta remendaba las redes con habilidad y aportaba dinero a la familia. «No había manos en el Serrallo como las de mi madre», se enorgullece José.

José, que ahora tiene 84 años, ya acudió con el resguardo a la sucursal que el extinto Banco Mercantil tenía en la calle Apodaca de Tarragona. Allí había depositado el dinero su madre. «Me dijeron que no podían darme nada porque ya habían pasado más de veinte años», lamenta José.

Las autoridades franquistas ordenaron que el dinero republicanos se ingresase en la correspondiente sede del Banco de España o en entidades privadas autorizadas en el caso de las capitales de provincia.

«Veremos si el Gobierno paga –afirma José–, pero no creo que tal como está la economía de este país den nada».

Más dinero aún le sustrajeron a Domingo Cabrisses, un comerciante que, como tantas otras personas, sufrió por duplicado. Los anarquistas le sustraían comida y bebida de su tienda. Y los franquistas le incautaron 33.470 pesetas.  Su nieta, Maria Teresa Mariné, de Mont-roig, es contundente: «A ver si nos dan el dinero. Han tardado demasiado. El dolor no se compensará, pero al menos nos han dado la razón. Es vergonzoso. Fue un robo con todas las de la ley».

Un poco más optimista se siente Ferran Castellví, de L’Hospitalet, a cuyo abuelo, Jaume, le incautaron 3.000 pesetas. «Es un paso adelante, una pequeña luz en el túnel. Mucha gente se llena la boca de que hay que cumplir la ley, pero se niegan a devolvernos lo que era nuestro. Si el Gobierno no quiere, está muy complicado, pero no pierdo la esperanza de cobrar algún día el dinero que nos incautó Franco», explica.