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Tarragona es el polo petroquímico más importante del sur de Europa. Su influencia en este sector es absoluta. El 25% de la producción química de España se realiza en Tarragona y cuando se habla a nivel catalán el porcentaje se dispara hasta el 50%. Estos firmes datos convierten a la provincia tarraconense en un escenario propicio tanto al riesgo como al beneficio. La Canonja, La Pobla de Mafumet, Vila-seca y El Morell son los municipios que junto a Tarragona acogen las empresas químicas que sitúan al territorio en el lugar clave, químicamente hablando.
¿Cuál es el procedimiento para conseguir una licencia para implantar una empresa química en uno de estos escenarios? ¿Qué medidas de seguridad y medioambientales se piden? ¿Las imponen los propios consistorios o son marcadas por la Generalitat? Estas son algunas de las preguntas que han vuelto a retumbar con fuerza en los últimos días después del accidente en la planta de Iqoxe sucedido el día 14.
El Diari se ha puesto en contacto con algunos de los ayuntamientos tarraconenses que tienen relación directa con la industria química para intentar responder todas estas preguntas anteriormente planteadas. Voces totalmente autorizadas para conocer y transmitir cuál es el camino que recorre una empresa cuando da el paso para implantarse en uno de los principales focos químicos tanto a nivel autonómico, nacional y europeo.
La Generalitat, decisiva
Lo primero que hay que saber es que el peso a la hora de otorgar una licencia para una empresa que quiera operar en el sector químico recae en gran parte sobre la Generalitat. El Govern y sus distintos departamentos tienen muchas más competencias en estos casos que los propios consistorios.
No obstante, la importancia de los Ayuntamientos no se puede discutir en ningún momento,ya que también tiene su parecela de responsabilidad. En otras palabras, la Generalitat disfruta de un componente decisorio y ejecutor, pero los consistorios tienen una influencia importante en el control, mantenimiento y la supervisión de las empresas químicas y en el traspaso de información al Govern antes, durante y tras el funcionamiento de estas.
Dos documentos claves
Las dos piedras angulares para poder iniciar la implantación de una empresa química son la autorización ambiental y la licencia de obras. El primer requisito lo concede la Generalitat, mientras que el segundo lo hace el Ayuntamiento.
En todo caso, no se pueden licitar las obras si antes no se ha obtenido dos documentos imprescindibles tal y como recalca el arquitecto municipal del consistorio de La Canonja, Miquel Orellana: «De forma previa a la concesión de la licencia de obras municipal debe haber: autorización ambiental por parte de la OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Integrada) y un informe favorable en materia de incendios, por parte de Bomberos de la Generalitat».
Otro de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía es conocer el nivel de exigencia que tienen estas empresas tanto a nivel de seguridad como de medioambiente y quienes se encargan de marcarlas y supervisar su cumplimiento. Las medidas de seguridad no están marcadas por los Ayuntamientos, sino que «son competencia de la Generalitat».
A nivel medioambiental, se podría decir que es la Generalitat la que marca las directrices, presentes en la autorización ambiental, y los Ayuntamientos son los que se encargan de supervisar el cumplimiento de estos parámetros.
Los consistorios deben informar a la OGAU en caso de detectar alguna anomalía en los siguientes aspectos: «Ruidos, vibraciones, calentamientos, olores, suministros de agua, vertidos al sistema público de saneamiento o al alcantarillado municipal y gestión de residuos», tal y como confirma el arquitecto municipal de La Canonja, una de las poblaciones con químicas en su término municipal.
