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Quince entidades económicas de TGN piden retomar el POUM desde su aprobación inicial

Defienden que la situación actual, con la suspensión por parte del Tribunal Supremo, puede llevar a un deterioro del panorama socioeconómico de la ciudad y del conjunto del territorio

NÚRIA RIU

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El tejido económico y empresarial defiende que se anule tan solo aquello que afecta al ámbito de la CLH. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

El tejido económico y empresarial defiende que se anule tan solo aquello que afecta al ámbito de la CLH. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

El mundo económico y empresarial de la ciudad ha reaccionado de forma conjunta a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el POUM de 2013. Una quincena de entidades han firmado una moción conjunta en el que instan a las administraciones competentes a «iniciar un proceso administrativo para llegar a disponer de un nuevo Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, retomando la tramitación del documento anulado, a partir de la segunda aprobación inicial».

Justifican que fue en esta fase de la tramitación cuando se omitió solicitar el informe de hidrocarburos, que el juez dictaminó que era «preceptivo» y «sustancial», y que finalmente condujo a la fatal decisión. Por este motivo, se propone no volver a la casilla de salida, que supondría empezar de cero, sino recuperar parte del trabajo que ya se había hecho.

El manifiesto ha salido desde la Cambra de Comerç de Tarragona y ha obtenido los apoyos de la Associació d’empreses del Polígon Francolí de Tarragona, la Associació Empresaris Polígon Riuclar, la Associació Empresaris PP-13, la Cambra de la Propietat Urbana, la CEPTA, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya en Tarragona, la Comissió d’Ordenació del Territori del Consell de Cambres de Catalunya, la Federació d’Empreses d’Autotransport de Tarragona (FEAT), la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), el Gremi de la Construcció del Tarragonès, el Parc Comercial d’Oci Les Gavarres-AIE, Pimec, Repsol Petróleo y la Xarxa Santa Tecla.

En el texto que se ha consensuado se pone de manifiesto que esta es «la mejor opción económica y social, pero también jurídica» para la ciudad. En la exposición se pone el énfasis en que el tiempo que transcurrirá hasta disponer de un nuevo plan general puede significar una «parálisis» de las actividades económicas por su dependencia urbanística. «Los efectos son, hoy por hoy, devastadores. El estancamiento delante de la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico significa una paralización de como mínimo cuatro años para su aprobación –el de 2013 se alargó hasta trece años–, afectando a todos los suelos con suspensión de licencias entre uno o dos años como medida previa».

Hay un segundo argumento que entra en juego. Se trata del «escenario de inseguridad jurídica» de los operadores económicos, empresarios e inversores. En este sentido, se expone que la suspensión se circunscribe a un único sector, que es el plan parcial 40, que afecta al ámbito de la CLH. «La sentencia no concluye afirmando que el POUM actual sufra incorrecciones o injusticias urbanísticas. Tan solo plantea un defecto de forma en su tramitación», se expone. Un fallo en la tramitación que, según argumentan, «no debería significar la paralización» de este instrumento. Un aspecto sobre el que pone su acento el presidente del Gremi de la Construcció del Tarragonès, Joan Romeu, «si hay un defecto puntual a causa de una situación que a lo mejor no se valoró bien, se modifica y ya está, pero el resto es válido y no olvidemos que hubo una mayoría absoluta que lo aprobó».

Finalmente, se habla de que el «deterioro» del panorama socioeconómico de la ciudad y el territorio puede acentuarse «enormemente» al no disponer de un planeamiento urbanístico general.

El texto ha conseguido sumar a entidades que representan algunos de los principales sectores de actividad del territorio. Es el caso del turismo, el comercio, el transporte y los polígonos, entre otros. El objetivo es que se visibilice que la anulación del POUM va más allá de la posibilidad o no de desarrollar nuevos sectores de crecimiento, sino que actividades como la expedición de licencias también se verán afectadas por esta situación. «Cuando hablamos de construcción, la gente tan solo ve el hormigón, pero el colectivo de afectados es mucho más amplio, al mismo tiempo que queremos contribuir en poner en valor el territorio», apunta el presidente del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya en Tarragona, Fernando Torres.

El turismo también vive con incertidumbre estos momentos. «Habrá iniciativas empresariales que podrían venir o que estaban acabando de regularizarse que se verán afectados por ello», pone en valor la presidenta de la FEHT, Berta Cabré. El proceso iniciado entre el Ayuntamiento con algunas de estas empresas está paralizado, a la espera de que las normas urbanísticas que quieren aprobarse en mayo acaben de concretar qué pasará.

Cs coge el guante

Los argumentos que exponen estas quince entidades económicas han quedado recogidos en una moción que la Cambra de Tarragona entró al registro del Ayuntamiento el pasado 11 de enero. Esta era asumida por el grupo municipal de Ciutadans, que ya propuso que se defendiera en el último pleno del día 22. Sin embargo, finalmente los portavoces decidieron que no se incluirían mociones en el orden del día, por lo que se pospuso el debate hasta la convocatoria de febrero.

La portavoz de la formación naranja, Sonia Orts, asegura que el debate servirá para que «se posicione cada grupo». «Muchos proyectos quedarán paralizados y esto nos preocupa mucho y que encima el Gobierno lo vea como una oportunidad no se entiende de ninguna forma», decía. Esta recuerda que ERC estaba gobernando cuando se aprobó el POUM y que «si los partidos no escuchan estas quince entidades, que representan algunos de los principales sectores de actividad de la ciudad, ya apaga y vámonos».

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