Sin acuerdo entre los partidos de Tarragona por los tributos

PSC y ECP rechazan subir el IBI y la basura y pondrán al límite la elaboración del presupuesto para 2022

OCTAVI SAUMELL

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Imagen del pleno municipal ya presencial de la pasada semana.  FOTO: TWITTER.COM/PSCTARRAGONA

Imagen del pleno municipal ya presencial de la pasada semana. FOTO: TWITTER.COM/PSCTARRAGONA

El gobierno municipal (ERC-JxTGN-CUP) deberá activar el plan B para incrementar los ingresos, compensar la anunciada pérdida de los ocho millones del impuesto de la plusvalía y poder cuadrar el presupuesto del próximo año, que en estos momentos tiene un agujero de 11 millones y parece estar a años luz de poderse aprobar.

Después de una semana de dimes y diretes, ayer se llevó a cabo una nueva cumbre entre todas las formaciones políticas del Saló de Plens para intentar acercar posturas y desbloquear la situación en la que se encuentran las finanzas municipales, a las puertas del pleno extraordinario convocado para este próximo martes. Por ello, la solución que propone el ejecutivo de la Plaça de la Font es la de lograr 2,6 millones de euros adicionales mediante la subida del 5% del recibo de la basura y del 3,9% del IBI. Esta opción, sin embargo, volvió a ser rechazada ayer por toda la oposición, que no cede y que se opone a incrementar la presión fiscal a la ciudadanía. Por ello, la apuesta de las formaciones que no gobiernan es apostar por el remanente de tesorería, que el año pasado fue de 12 millones. «Esto es jugar a la ruleta rusa. El remanente puede ser generoso, justito.. o inexistente. Sería un inmenso error», afirmó el portavoz de ERC, Xavier Puig, quien insta a la oposición «a dejar unos días el carné de partido en un cajón».

El martes, primera parada

A corto plazo la primera parada será este martes, con la votación de la modificación de las ordenanzas, «como se ha hecho en Reus, Sitges o Sabadell», se recalca desde el ejecutivo. Sin embargo, tras la comisión de ayer parece claro que esta opción no será aprobada. ¿Cuál será, pues, la siguiente vía? Esperar a que el Estado mueva ficha y adapte la fórmula de cálculo de la plusvalía a las exigencias de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Lógicamente, esta es la opción mejor vista por los dos partidos que forman parte del Gobierno Central –PSC y En Comú Podem–, que se muestran optimistas con la posibilidad de que las dudas actuales desaparezcan «en breve». «El problema no es solo de Tarragona, sino de 8.000 municipios. Habrá solución», afirmó la portavoz del PSC, Sandra Ramos, mientras que Carla Aguilar (ECP) acusó al gobierno local de apostar por «un mensaje catastrofista», después de que el pasado jueves los portavoces del gobierno local anunciaran que, en estos momentos, estarían en peligro cuestiones como las fiestas, la Cavalcada de Reis, Tarraco Viva, actividades juveniles, todas las subvenciones e incluso la tramitación del POUM o la obtención de fondos europeos Next Generation. Aguilar recalcó que su formación «no apoyará un incremento que es igual para todo el mundo y que no grava más a las rentas más altas».

«Arreglaremos cosas, pero no sabemos cuales ni cuantas ni hasta donde. En estos momentos está anulado todo el espíritu tarragoní», afirmó el primer teniente de alcalde, Jordi Fortuny (ERC), quien reitera que, sin subida de impuestos ni plusvalía, el Consistorio solo cuenta con 800.000 euros de los 12 millones que necesitaría para poder prestar servicios que no sean los 162 millones comprometidos en obligaciones como el pago de las nóminas, la amortización bancaria por la deuda o el cumplimiento de los contratos que están en vigor.

Fuentes municipales señalan que, en caso de que haya solución para la plusvalía, aún es una incógnita saber cuando esta se producirá ni la cifra que repercutirá a Tarragona, ya que es posible que con el cambio de cálculo los ocho millones se vean reducidos. Además, la ordenanza municipal deberá adaptarse, en un proceso que puede provocar que la tramitación no sea ágil.

En caso, pues, de que dentro de tres días no se apruebe la subida fiscal, las cuentas para 2022 quedarán a expensas de la modificación del ingreso de la plusvalía, el esperado remanente –que no se conocerá hasta el mes de marzo– y de una negociación política que, a día de hoy, está muy tocada. «Aún no sabemos nada del presupuesto, no hemos visto números», recalcaron ayer las formaciones de la oposición. El tsunami económico de ahora se suma al divorcio de junio entre ERC y Comuns –para dar entrada a Junts y CUP–, del que ya empiezan a notarse las primeras consecuencias. ¿Fue un salto al vacío? Alea iacta est.

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