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Sólo el 8,5% de los extranjeros residentes podrán votar el 24-M en TGN

Unos 90.000 foráneos empadronados en la provincia de más de 18 años no podrán ejercer su sufragio, entre ellos 39.100 marroquís. Una plataforma pelea por su derecho a votar
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El colectivo marroquí, el más numeroso en la provincia, no podrá acudir a las urnas el 24-M.  Foto: Pere Toda/DT

El colectivo marroquí, el más numeroso en la provincia, no podrá acudir a las urnas el 24-M. Foto: Pere Toda/DT

Ni los 39.140 marroquís afincados en Tarragona ni los 3.353 chinos, sólo por poner dos ejemplos, tendrán derecho a votar en los comicios del 24-M. Una buena parte de la comunidad extranjera en la provincia se quedará de nuevo sin emitir su sufragio. La ley española no considera el arraigo o la residencia de años, incluso décadas, de los inmigrantes. El voto de los residentes foráneos depende de que haya acuerdos entre España y sus países de procedencia.

De ahí que comunidades muy numerosas no puedan votar, al no existir convenios entre los estados. A finales de 2014 había censados en la provincia 132.193 extranjeros empadronados, según el INE. De esos, 102.976 tenían más de 18 años. Sin embargo, sólo podrán votar 8.794 foráneos residentes en Tarragona, lo que supone sólo un 8,5% de los extranjeros con mayoría de edad.

 

Ni senegaleses ni pakistanís

En los próximos comicios pueden votar los ciudadanos de la UE y los nacidos en Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Bolivia, Cabo Verde, República de Corea y Trinidad y Tobago, naciones con los que hay acuerdos en vigor. Así, no podrán votar los 2.939 senegaleses que viven en las comarcas tarraconenses ni los 3.240 pakistanís ni tampoco los 2.571 rusos. Y entre los países que sí pueden votar, hay requisitos. Los ciudadanos de estados no comunitarios sólo podrán votar si han residido en España «legal e ininterrumpidamente» al menos cinco años antes de presentar la solicitud (los noruegos necesitan sólo tres años de residencia).

Algunos sectores denuncian la inconveniencia de que bolsas tan grandes de extranjeros se queden sin votar en unos comicios locales. «Para las municipales, alguien que está viviendo en un municipio debería tener derecho a participar en una elección de algo que va a determinar su forma de vida. Es una limitación de derechos que debería disfrutar el inmigrante», sostiene Carlos Iaquinandi, presidente del Centro Latinoamericano de Reus.

«Ya formamos parte de esta sociedad. Vivimos aquí, nuestros hijos han nacido aquí. Pagamos impuestos. Se nos exige de todo. Por eso queremos gozar de la ciudadanía completa. Pedimos un derecho básico como es votar», dice Redouane Ennajy, traductor e intérprete marroquí afincado en Tarragona y presidente de la asociación del foro Avenzoar de amistad hispano-marroquí.

De los 8.794 extranjeros que podrán votar en Tarragona, 8.465 (un 96,2%) son procedentes de la Unión Europea, mientras que sólo 329 (esto es, un 3,8%) son de otros países extracomunitarios con los que España ha establecido diferentes acuerdos.

Ante ese balance, diversas entidades sociales batallan en esta campaña por el derecho a voto de las personas extranjeras. La Assemblea Nacional Catalana, CCOO, UGT, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, Òmnium Cultural y SOS Racisme han constituido la plataforma ‘Ciutadans i ciutadanes com tu!’ y han impulsado la campaña ‘Pel dret a vot de les persones estrangeres’.

La plataforma pide vincular el derecho de voto a la residencia y no a la nacionalidad, y que sólo sea necesario un año de arraigo social, sin distinción entre comunitarios y extracomunitarios. Durante estos días se está enviando una carta a los partidos para expresar esas demandas y pedir que no se utilice la inmigración de manera partidista en las campañas. En representación de la Confederació d’Associacions Veïnals, José Luis Muñoz defiende que «el derecho de voto de los extranjeros es un síntoma de salud democrática: si tienen deberes, tienen que tener también los mismos derechos que el resto».

 

Descenso de participación

Otra circunstancia que se denuncia es la dificultad en los trámites que tiene que acometer un extranjero para acabar votando, como expone la plataforma: «En Catalunya, de las 67.799 personas convocadas procedentes de países con acuerdos de reciprocidad, que representan un 12% de los extracomunitarios en edad de votar, sólo 3.751 han conseguido tramitar la inscripción en el censo, esto es, sólo el 0,06% del total de electores en Catalunya».

En ese aspecto, la participación en las elecciones de 2011 fue mucho mayor: «Se convocaron a 70.694 personas y se registraron un total de 8.847». El año pasado, la Oficina del Censo Electoral envió una carta a 342.647 extranjeros en España para facilitar su inscripción. Los oriundos de países con acuerdo tenían desde el 1 de diciembre de 2014 al 15 de enero de 2015 para tramitar la inscripción; los comunitarios, desde octubre al 30 de diciembre (en 2011 la administración estatal amplió el periodo por las dificultades e incidencias detectadas).

La plataforma que pelea por el derecho de voto foráneo denuncia que el periodo de tiempo para hacer los trámites necesarios era insuficiente, que existía un exceso de burocracia y dificultad de asumir algún gasto en la tramitación y, por último, desinformación. En la provincia se enviaron 5.671 comunicaciones a extranjeros de países con los que había convenio. Al final, sólo se han terminado inscribiendo 329, lo que supone un exiguo 5,8%. También en 2011 la participación fue mayor en Tarragona: de los 5.145 extracomunitarios que había con derecho a voto se llegaron a apuntar 677, un 12%, seis puntos más en 2015. A ello puede contribuir cierta desafección política. «La gente no cree en la clase política después de todo lo que ha pasado. No confían», admite el chileno Hernán Jiménez, presidente de la Asociación por la Diversidad en la Inmigración.

«¿Qué pasaría si los votantes españoles tuvieran que apuntarse cada vez para votar? ¿Lo haría mucha gente?. Seguramente no. El problema es la diferencia en el proceso. No planteamos propuestas concretas, sino que queremos aprovechar el año electoral para que haya debate sobre ello, para reflexionar. Una sociedad que quiere ser inclusiva tiene que tener el derecho de voto en el centro de la discusión», indica Carles Beltran, responsable de migraciones de CCOO en Catalunya.

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