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El Ayuntamiento de Tarragona ha activado el plan B para la transformación del antiguo edificio del Banco de España en el Banc de la Ciència i del Coneixement. Conscientes de que la pérdida de los dos millones de euros de la ayuda europea de los Fondos Feder prácticamente es un hecho, el ejecutivo de la Plaça de la Font (ERC-JxTGN– CUP) estudia ahora que el proyecto se ejecute «por fases», así como que la esperada reforma del inmueble pueda financiarse mediante la inminente convocatoria de los fondos Next Generation orientados para la rehabilitación de edificios históricos.
Según el proyecto básico, el coste de la obra era de 4,9 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento aportaba tres, mientras que dos llegaban de la Unión Europea. Según la subvención continental que la administración municipal recibió en 2019, dentro de justo un año –el 30 de noviembre de 2022– debería estar ejecutado, certificado y pagado el 70% de la obra para que esta esté completamente finalizada antes del 31 de diciembre de 2023. Además, la necesidad de reforzar la estructura ha comportada un encarecimiento del 50%, de forma que la factura definitiva será de 7,2 millones. El actual responsable del proyecto, Jordi Fortuny (ERC), reconoce que el calendario que marca la administración europea «será muy complicado de poder cumplir» –ya que además no acepta nuevas prórrogas–, por lo que apuesta por buscar «fórmulas de financiación alternativas» para «evitar los incrementos descontrolados que ha habido tradicionalmente en este Consistorio».
«Inacción durante dos años»
Ayer, el PSC denunció el «inmovilismo» del gobierno local. En palabras del concejal Francesc Roca, «Tarragona no puede dejar perder esta oportunidad para ser una capital científica, ya que es un proyecto que apuesta por la innovación y la investigación». El edil, que fue el máximo responsable del proyecto en el anterior mandato, afirmó que «si el gobierno municipal hubiera trabajado desde junio de 2019, hoy veríamos grúas y operarios» en el emplazamiento. Sobre ello, Fortuny afirmó que «en dos años, el nuevo gobierno ha hecho más que en los doce del ejecutivo anterior» y lamentó que «se solicitara la subvención solo con un proyecto básico». «En este mandato se ha elaborado el ejecutivo, en el que se ha determinado que el inmueble necesita un refuerzo estructural para garantizar su seguridad y reconducir, de esta manera, el desastre que nos dejaron», indicó.
Ayer, uno de los principales activos para lograr el Feder, Sergio Nasarre, escribió en Twitter que «sería muy lamentable que por la inacción durante dos años se perdiesen los 2 millones», a lo que el alcalde Pau Ricomà le respondió: «Inacción ninguna, el proyecto ejecutivo se ha realizado dentro de plazo a pesar de las dificultades, cosa que no se hizo en los 12 años anteriores. Seguramente, el problema, al que no sé si usted contribuyó, fue cuantificar las obras en 4 millones».
Las críticas también llegaron desde los otros partidos de la oposición. «Es una vergüenza que un edificio tan emblemático lleve 17 años abandonado. Cuando al fin parecía que empezaban a iniciarse las obras tan necesarias, aparecen problemas adicionales. Esto es una muestra más de la mala gestión y planificación de este equipo de gobierno», afirma Lorena de la Fuente (Cs). De forma parecida se expresa José Luis Martín (PP): «Confirma la incapacidad para gobernar de Ricomà. Estamos muy preocupados por la posibilidad de perder la subvención de un tema que estaba ya encarrilado del mandato anterior (PSC–PP)». Carla Aguilar (ECP) se muestra más escéptica. «Es importante que el proyecto salga adelante porque es un edificio clave por su emplazamiento y dimensión», y añade que «para nosotros es imprescindible que tenga un uso ciudadano, más allá de los otros que se puedan combinar», indica. Sin calendario y con la financiación en el aire, el futuro de la antigua sede del Banco de España sigue igual que cuando cerró en 2003: con muchas más dudas que certezas.
