Tarragona sigue sin sede judicial después de 25 años

Cada 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio con el objetivo de divulgar la labor y las reivindicaciones de este sector. Ayer, la decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT), Estela Martín, prestaba declaraciones en un estand situado en la Rambla Lluís Companys para conmemorar este día y hacer reclamo de ciertas problemáticas que, pese a la insistencia del Col·legi, llevan años sin resolverse.

Tarragona no tiene sede judicial

Para empezar, la decana hizo hincapié en la necesidad de una «Ciudad de la Justicia» en Tarragona. «Llevamos 25 años pidiéndola. Somos una capital de provincia sin sede judicial», lamentó. No obstante, alegó albergar «muchas esperanzas» debido a que el nuevo presidente de la Comissió de Relacions amb l’Administració de la Justícia (CRAJ) es de Tarragona y conoce de primera mano las necesidades del Col·legi.

La decana está convencida de que la Tabacalera es el lugar más apropiado «por su ubicación, puesto que a pesar de no ser céntrico está bien comunicado», para crear un nuevo espacio judicial al que trasladar los antiguos edificios. Además, el traslado a la Tabacalera haría innecesaria una inversión inicial de 69 millones de euros, que sería el capital necesario para construir un edificio nuevo.

Retribuciones y trato indignos

En segundo lugar, Martín expresó el descontento del sector cuanto a las retribuciones que reciben los abogados de oficio y reivindicó su trato digno.

Respecto a las remuneraciones, Martín afirmó que «son poquísimas y se cobran por lo que la Generalitat entiende que se debería retribuir, en vez de lo que se trabaja. Hay mucho trabajo del turno de oficio que se hace y no se cobra».

Ante la pregunta de si las retribuciones están al día, la decana respondió que no, que tras un declive en la remuneración «han vuelto a subirse en un 1%», pero que «aún están muy lejos de la retribución de mercado» y «de la recuperación del IPC de todo lo que se ha perdido estos años al estar congeladas».

En cuanto a su reivindicación por el trato digno de los abogados de oficio, indicó que «tener que pedir datos personales y confidenciales en medio de un pasillo es un trato indigno, tanto para el abogado como para el ciudadano que se encuentra en un momento vulnerable». Asimismo, también remarcó que «en el ejercicio de nuestras funciones se nos considere autoridad», haciendo referencia a que, «en el caso de producirse una agresión o un malentendido, el abogado reciba el apoyo de la ley».

Ante la pregunta de si los abogados de oficio son agredidos habitualmente, Martín respondió que no, pero que «ha habido otros compañeros que han sufrido agresiones e incluso ha habido alguien que ha muerto. No queremos llegar a ese extremo».

Presión ciudadana

La decana también alegó que la manera de conseguir que la Generalitat invierta más en el turno de oficio es mediante la presión ciudadana: «Los abogados son pocos, pero la ciudadanía está formada por siete millones y medio de personas. Deberían reclamar un servicio de justicia de calidad».