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Hoy faltan 721 días para que el 23 de abril de 2023 expire el mayor contrato que el Ayuntamiento de Tarragona tiene actualmente en vigor: el de la recogida de la basura y la limpieza viaria, que este año asciende a más de 20 millones de euros o, lo que es lo mismo, supone más de un 12% del presupuesto municipal, de 163,3 millones.
Se da la circunstancia de que se trata de una concesión que no se saca a concurso público desde hace 19 años, aún con el alcalde Joan Miquel Nadal (CiU) en la Plaça de la Font. El Saló de Plens acordó el 2 de mayo de 2002 adjudicar el contrato a la empresa FCC. Teóricamente, el plazo de la externalización del servicio era para diez años –hasta 2012– pero en un pleno celebrado el 27 de julio de 2010, ya bajo el mando de Josep Fèlix Ballesteros (PSC), se acordó alargar diez años más el servicio: hasta el 23 de abril de 2023, por lo que Tarragona habrá estado más de dos décadas sin sacar a concurso su mayor contrato.
¿Por qué se decidió tirar hacia adelante la prórroga? Los cuatro partidos que entonces tenían representación en el Saló de Plens –PSC, CiU, PP y ERC– argumentaron su voto a favor de la decisión en base a un informe jurídico elaborado por el secretario general del Consistorio, Joan Anton Font, que se contradecía con la opinión del interventor y de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. En su análisis, el alto funcionario municipal motivó que el Consistorio debía modificar su vinculación con FCC por la obligatoriedad que tenía la administración municipal de cumplir el Programa de Gestió de Residus Municipals (Progremic). Entre los objetivos que se planteaba estaba que, para 2012, se fijaba una reducción respecto a 2006 del 10% en la generación de residuos por cápita; la valoración material del 48% del total de residuos municipales generados; la disminución progresiva de residuos sin tratar, hasta lograr un 100% de tratamiento; y la puesta en marcha de los contenedores soterrados, que ahora se están retirando.
Fortuny: «Licitación en 2022»
Según las cuentas de 2021, el Ayuntamiento pagará este año más de 20,5 millones a la empresa gestora mediante cuatro conceptos: Contrato de recogida y gestión de los residuos (11,6 millones de euros); Contrato de la limpieza (7,8 millones); Contrato de la limpieza en las playas (653.000 euros); y los gastos de sensibilización de residuos (432.000 euros).
El concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), asegura que el ejecutivo «ya está trabajando» en la renovación del futuro contrato. «El nuevo se dividirá en lotes e internalizaremos algunos servicios», indica el segundo teniente de alcalde, quien cita «los voluminosos, la Deixalleria y los educadores ambientales» como algunos de los puntos que el Consistorio podría gestionar directamente.
El responsable municipal se muestra «convencido» de que el Ayuntamiento tendrá ultimado el cambio en 24 meses, y que no será necesario prorrogar el contrato. «Lo tendremos antes. La licitación será en 2022», indica Fortuny, quien apuesta por el hecho de que los tarraconenses «paguen por lo que generen y reciclen».
«Más fiscalización»
Los socios (de momento) externos de Esquerra –Junts y CUP– piden más control del servicio. «Ya hace tiempo que hay una preocupante percepción de problemas con la limpieza. Debe trabajarse desde ya en el nuevo contrato», afirma Dídac Nadal (Junts), quien también apuesta por «dividir la futura adjudicación en varios lotes por áreas». Por su parte, Eva Miguel (CUP) recuerda que estudiar la internalización del servicio «fue una de las condiciones para la investidura de Ricomà» y exige «una mayor fiscalización» del servicio. «Tenemos una gran oportunidad para acabar con el contrato más cuantioso y opaco que tenemos», añade.
Con muchas dudas se expresa Sandra Ramos (PSC). «Ya van tarde. Es un proceso complejo, que necesita tiempo y muchos cambios. Lo advertimos desde el primer día», afirma la edil de la formación socialista, quien apuesta por ampliar la dotación de la limpieza en el nuevo contrato y pide, asimismo, que los trabajadores actuales «puedan ser subrogados por la nueva concesionaria». La renovación del mayor contrato municipal se perfila, pues, como una de las patatas calientes del segundo tramo del mandato. La cuenta atrás ya ha empezado.
