CLH defiende la ubicación «estratégica» de su planta en Tarragona

La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) defiende la ubicación «estratégica» de su planta en Tarragona y, por este motivo,  decidió acudir a la justicia, presentando un recurso contencioso-administrativo.

La empresa quiere evitar su traslado, tal y como prevé el POUM, ya que considera que un cambio de emplazamiento de las instalaciones «afectaría a nuestra actividad». Ahora la multinacional ha obtenido una sentencia favorable, que el Ayuntamiento aún puede recurrir.

La sociedad no ha querido valorar el fallo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat), que se conocía la semana pasada, y según el cual el plan general queda anulado.

No obstante, pone en valor que la planta está en un espacio clave «tanto para la recepción de productos petrolíferos como para su distribución, dada su cercanía y conexión con la refinería, su conexión con la red nacional de oleoductos, con los puntos de carga y descarga de combustible del Port de Tarragona y con empresas logísticas».

Las instalaciones de la antigua Campsa en Tarragona se construyeron en el año 1927. En éstas se almacenan combustibles –gasolina, gasóleo, ifos (para marinos) y fuel– para su posterior distribución.

Con capacidad para 97.970 metros cúbicos de producto, la empresa defiende que la instalación «se encuentra plenamente operativa y cumple con todas las normas de seguridad, diseño y medio ambiente». 

Pese a ello, los vecinos de este extremo de la ciudad siempre han solicitado su traslado y así se recogió el POUM aprobado por el Ayuntamiento de Tarragona en 2011, y cuyo texto refundido salió publicado en el DOGC en 2013.

Este ámbito de actuación queda incluido en el Plan de Mejora Urbana (PEMU) 40, según el cual la empresa debe abandonar estos terrenos y se prevé la transformación del uso industrial a terciario en la zona colindante con el polígono Francolí y residencial en la zona que linda con el río, más próxima a la ciudad, regenerándose la fachada fluvial.

Ahora, el TSJCat ha anulado tanto el PEMU 40 como la resolución de la Dirección General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, la cual daba su conformidad al texto refundido del POUM.

El juez argumenta que entre los 45 informes que se incluyeron faltaba un informe previo de la autoridad estatal competente en materia de planificación de hidrocarburos.

Además apuntaba que la operación planteada «no es viable económicamente» para la empresa, ya que las previsiones económicas que se hicieron corresponden al precio del suelo de 2007. No obstante, la sentencia no es firme, el plan general sigue en vigor y el propio tribunal abría la puerta a que el Ayuntamiento presente un recurso de casación en el Tribunal Supremo (TS).

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, se mostró convencido de que la sentencia no está fundamentada y aseguró con rotundidad que «no permitiremos que la empresa se quede allí».