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El «caso Tarragona Ràdio» va cogiendo forma y, ahora, todo parece indicar que podría llegar a juicio. Casi dos años después de que la empresa que gestiona la emisora municipal presentara una querella contra una exempleada a la que acusa de un presunto desfalco –valorado en la denuncia en unos 18.000 euros– ahora la Fiscalía provincial avala la tesis de la acusación y también considera que la trabajadora despedida en mayo de 2020 habría cometido dos presuntos delitos. ¿Por qué? La fiscal la vea ahora como responsable de las irregulares contables detectadas desde octubre de 2018 hasta febrero de 2020, habiendo desviado supuestamente el pago de dinero de proveedores municipales a cuentas personales.
Así se pone de relieve en las conclusiones provisionales que el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Instrucción número 6 el pasado 29 de junio, pero que no fueron notificadas al Consistorio hasta este mismo pasado martes. En el documento, al que ha tenido acceso el Diari, el fiscal pide una pena de 6,5 años de prisión para la extrabajadora, en base a un delito «continuado de malversación de caudales públicos» –por el que le solicita cinco años de cárcel– y, asimismo, un año y seis meses por la presunta comisión de un delito de «daños informáticos».
En su escrito, muy directo y de solo siete páginas, la fiscal María José Chinarro también solicita a la magistrada el pago de una indemnización por responsabilidad civil valorada en 9.692 euros por parte de la exempleada. De estos, 6.586 corresponderían a «cantidades apropiadas y no devueltas», así como otros 3.105 por «los daños y perjuicios causados». Además, cabe señalar que la Fiscalía también solicita a la juez agilizar el proceso y que «se proceda al señalamiento de día y hora para la celebración de la Audiencia preliminar». Para ello, también propone la declaración de siete testigos, entre los que se detallan la concejal y presidenta de la Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació, Paula Varas (ERC), así como el exgerente de la compañía pública y exjefe de gabinete del exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC), Josep Maria Bonet.
«Ánimo ilícito»
En el escrito, la fiscal avala la denuncia de los dirigentes de Tarragona Ràdio y, entre los «hechos», afirma que la extrabajadora «aprovechándose de las funciones de su cargo, y con ánimo ilícito de enriquecimiento, transfirió dinero de la empresa, sin justificación para ello, a sus números de cuenta bancarios». En concreto, el Ministerio Público apunta a pagos realizados en dos cuentas corrientes con titularidad de la exempleada, por un valor total de 10.010, 68 euros, a raíz de traspasar 7.688,68 y 2.322 euros, respectivamente.
Posteriormente, «entre el 27 y 28 de abril de 2020, la acusada –con la finalidad de evitar ser descubierta– borró del programa Sage Murano información contable importante», indica la Fiscalía en su escrito de acusación. En concreto, esta información sería relativa a «empresas, contabilidades, personas y nóminas, haciendo uso de sus credenciales», lo que habría causado a la compañía de Tarragona Ràdio «perjuicios los cuales han sido tasados pericialmente en la cuantía de 1.600 euros por la determinación de los daños informáticos ocasionados», más otros 1.300 en varios conceptos «de la recuperación de la información eliminada». Por todo ello, la fiscal califica a la exempleada como de «acusada» de la autoría de dos delitos, lo que se traduce en el hecho de que la polémica en Tarragona Ràdio, de momento, no tiene visos de ver su fin.
