Los radares de la provincia registran una media de 450 excesos de velocidad al día

Los radares fijos de la red viaria interurbana de la provincia de Tarragona han registrado una media de 450 infracciones al día por exceso de velocidad en lo que llevamos de 2022, concretamente entre el 1 de enero y el 3 de junio. Durante estos primeros cinco meses de año, el conjunto de controles ha detectado vehículos que circulaban más deprisa de lo permitido en 69.099 ocasiones. Si a esto le sumamos las cifras de 2019, 2020 y 2021, el total de infracciones sube a 774.245.

Para hacerse una idea del escenario de los últimos cuatro años, en 2019 los 37 radares de la demarcación registraron 278.381 excesos de velocidad. En 2020, con la pandemia, la cifra cayó drásticamente a las 184.756 infracciones, y en 2021 se recuperó hasta las 242.009.

Así, si se mantiene la tendencia actual, con las casi 70.000 infracciones en lo que llevamos de 2022, las cifras quedarán muy por debajo de las de antes de la pandemia y de las del año pasado. Cierto es que el jueves empezó la operación salida de las vacaciones de verano, en el que la movilidad por carretera se disparará. Aun así, algunos expertos señalan que en el conjunto del año el número de infracciones será baja en comparación con los años anteriores –sin contar el 2020, pues con el confinamiento y las restricciones no hubo movimiento durante varios meses–.

De esto habla Emili Beltrán, secretario general de la Associació Empresarial de Tallers de Reparació i Venedors d’Automoció (ASTAVE). Paralelamente a relacionar la caída de las infracciones en 2020 con la poca movilidad durante los meses críticos de la pandemia, con el confinamiento y las restricciones, señala que los números de 2021, pese a recuperar cierta normalidad, están también «significativamente» por debajo de los de 2019. «A nivel de sector, entendemos que la causa de este escenario del año pasado se debe a una razón fundamental como es la implantación del teletrabajo, con las consiguientes suspensiones de muchas reuniones», sostiene Beltrán.

Por otro lado, comenta que «si los datos de estos cinco primeros meses de 2022 los extrapolamos al resto del año, aunque en verano aumente la movilidad, quedarán también muy por debajo incluso de los del año de la pandemia». El secretario general de ASTAVE asocia esta realidad a la del sector que representa, de reparaciones y venta de vehículos. «Estamos detectando que cada vez se usa menos el vehículo para moverse, y al hecho del aumento del teletrabajo el año pasado se le ha sumado el incremento continuo del precio del combustible este 2022», dice Beltrán, que insiste en que «las cifras de infracciones registradas por los radares cuadra perfectamente con el volumen de trabajo de nuestro sector».

El secretario general de ASTAVE lo justifica asegurando que, si bien en 2021 hubo una recuperación de las reparaciones respecto al año anterior, con un aumento de entre el 12 y el 18%, en este 2022 las cifras se han mantenido en los mismos niveles. «En este primer semestre no ha habido un crecimiento del número de reparaciones cuando lo estábamos esperando», señala Beltrán. Además, comenta que «ha caído la siniestralidad y también los mantenimientos de vehículos». Asegura que estas actuaciones tendrían que haber aumentado, por un lado, por la recuperación de la movilidad y, por otro, porque en 2021 las ventas de vehículos de segunda mano fueron «muy significativas».

«El año pasado se vendieron tres o cuatro vehículos usados por cada uno nuevo, y la mitad de estos tenían más de 10 años, con lo que no se explica una reducción de los mantenimientos si no es por el hecho de que ha caído el uso del vehículo», defiende el representante del sector, que concluye que «la ciudadanía, por el precio del combustible, está limitando el uso del vehículo a los desplazamientos necesarios, y esto concuerda con el volumen de infracciones detectadas por los radares».

Finalmente, Beltrán lamenta que «sobre el vehículo privado recae una carga impositiva muy elevada, como ningún otro bien de consumo». Además, «a nivel de Catalunya tenemos también el impuesto del CO2, el cual lo consideramos totalmente recaudatorio, no tiene ninguna otra finalidad».

Por su parte, el presidente de la Assocació d’Autoescoles de la Província de Tarragona, Carles Oliver, defiende que «la mayoría de radares, aquellos ubicados en tramos de carretera realmente peligrosos, cumplen su función». No obstante, critica que «en muchas otras ocasiones se colocan en tramos en los que no hay ningún riesgo y su única función es recaudar». Con todo, Oliver remarca que «no quiero que se interprete ue estoy a favor de infringir las normas, que están para cumplirlas, simplemente que es más interesante multar a los que corran por tramos de carretera peligrosos, y de forma contundente, que a los que por una carretera de 120 km/h sin ningún peligro van a 128 km/h». En este sentido, habla también de la importancia de los radares dentro de municipios y ciudades. «Se ha demostrado que en un atropello a un peatón a 50 km/h hay un 50% de probabilidades de que resulte mortal, y a 30 km/h se reduce drásticamente», comenta Oliver, que reitera que «aquí tiene todo el sentido del mundo poner radares».

Finalmente, Jesús Monclús, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE, señala que «la velocidad es uno de los factores clave de siniestralidad, y a medida que esta aumenta, aumenta también la probabilidad de que se produzca un accidente y que resulte en lesiones de gravedad». Por ello, y planteando que es imprescindible controlar que se respetan los límites, Monclús señala que «los radares son la única herramienta para controlar desde el exterior la velocidad de un vehículo», y sostiene que «es muy efectivo instalar un radar y avisar de su existencia en zonas especialmente peligrosas».