La lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial (VPO) se ha disparado un 27% en Tarragona durante el último año. A principios de octubre, había 4.180 familias tarraconenses aguardando para entrar en un piso protegido, según los datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Son casi 900 hogares más de los de hace un año, a finales de 2022 (3.286).
Buena parte de las dificultades de los jóvenes para independizarse se explica por la escasez de un parque de vivienda asequible. Desde hace años, construir VPO no es una prioridad para los promotores ni para la misma administración, que está optando por otras vías a la hora de habilitar accesos asequibles a un hogar. «Lo que se hace para disponer de pisos con finalidad social es comprar viviendas sueltas de segunda mano», reconoce el abogado y experto inmobiliario Manuel Sosa, que añade: «Como construir viviendas nuevas requiere tiempo, dos años, ante la urgencia de vivienda social, la Generalitat compra pisos ya existentes para destinarlos a ello, y así es más rápido».
Escasa edificación
De enero a junio de este año, en Tarragona se han iniciado 87 viviendas de VPO. La cifra puede parecer escasa, pero hay que tener en cuenta que durante todo 2022 no se comenzó ni un solo piso, algo que es la tónica habitual de los últimos años. El saldo en cuanto a inmuebles protegidos acabados es distinto. En los seis primeros meses del año se finalizaron 45 en las comarcas tarraconenses. Durante el año pasado la cifra se quedó en 32, siempre según los balances de la Agència.
Daniel Roig, presidente de la Associació de Promotors de Catalunya en Tarragona, indica que «históricamente, lo que más se ha hecho en Catalunya y en España es VPO, porque ha sido viable. Es un modelo que dio muchas posibilidades, porque era el primer acceso a la vivienda de muchas parejas jóvenes, que podían tener sueldos correctos y además ser propietarios. Eran familias con menos recursos pero no hablo de emergencia habitacional, eso es otra cosa. El resultado son familias con dificultades para acceder al alquiler y que con lo que pagan podrían ser perfectamente propietarios de un piso de VPO».
Roig dice que «el 80% de lo que se hace es iniciativa privada» y reclama que «la administración directamente tendría que construir en los solares de los que dispone».
En los últimos tiempos la Generalitat ha admitido que su filosofía actual va dirigida a paliar la emergencia. «La actuación en política de vivienda ha estado marcada por la necesidad de dar respuestas rápidas ante los retos de la pandemia», relataba el ‘Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya’ de 2021.
