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En los últimos años diversos ejemplares de aves rapaces han muerto electrocutados por tendidos eléctricos en un área de gran valor natural para la especie entre el Baix Penedès y el Alt Camp.
La zona entre Albinyana, Bonastre, Pla de Santa Maria y Cabra del Camp es de gran interés para el águila perdicera un ave muy amenazada y que tiene escasa reproducción.
Pero además, en un terreno que ha sabido resistir al urbanismo desmedido, también pueden verse ejemplares de águila culebrera, buteo (aligot), búho real o azores. Una de las principales amenazas para esas aves son las líneas de alta tensión que atraviesan por sus zonas de asentamiento.
Para minimizar los efectos de los tendidos, Endesa ha instalado aislantes en puntos de su red eléctrica de los cuatro municipios. La inversión ha sido de 130.000 euros.
La compañía señala que además de proteger a la fauna, mejora la calidad de suministro de 6.300 usuarios ya que el impacto de aves contra los tendidos puede provocar una interrupción del servicio. La compañía ha instalado fundas aislantes de silicona y dispositivos para evitar las puestas en 37 soportes de líneas. La colocación se ha hecho de forma coordinada con los agentes rurales.
Los dispositivos buscan reducir el riesgo de que cuando un ave, tras parar en una torre, al extender las alas para retomar el vuelo pueda electrocutarse. Además ha sucedido que un ave electrocutada ha caído en llamas y ha generado un incendio. Entre 2005 y 2012 se calcula que 30 fuegos en bosques en todo el Estado fueron por esta causa.
El Libro Rojo de las Aves de España refleja que la electrocución es una de las principales amenazas para 24 especies diferentes. En la zona del Baix Penedès y Alt Camp la especie más amenazada es el águila perdicera.
Creciente
Un informe elaborado por el Gobierno central el pasado año cifra en 33.000 las aves muertas en el Estado por impacto y electrocución. Pero la cifra es poco exacta porque sólo cuenta los cadáveres encontrados. El número se multiplica ya que muchos cuerpos son devorados por otros animales.
La Universitat de Barcelona calcula que un 61% de las águilas perdiceras muertas en Catalunya entre 1990 y 2014 fue por electrocución. Entre 1960 y 1989, esa causa sólo mató al 20%.
El Gobierno Central aprobó hace más de una década un Real Decreto para aplicar medidas que evitasen la electrocución de aves. El coste lo asumiría el gobierno, pero las comunidades debían señalar cuáles eran los tendidos más peligrosos y las zonas más sensibles. Como era previsible, las administraciones incumplieron los compromisos durante años.
La Generalitat realizó en el año 2013 esa relación de torres más peligrosas de acuerdo con el real decreto del 2008 que fijaba las medidas de protección y la puesta en marcha de los mecanismos para financiar las mejoras.
En el debate está si deben ser las compañías eléctricas quienes asuman el coste de esas intervenciones o el gobierno pagar una parte.
La situación ha generado un cruce de acusaciones y también denuncias por parte de grupos ecologistas a las eléctricas que se defienden señalando el retraso en los pagos.
