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El Ayuntamiento de Tarragona volverá a externalizar en 2023 su mayor contrato: el de la limpieza y la recogida de la basura, que actualmente asciende a unos 25 millones de euros. Pese a que desde hace una década la municipalización de este servicio público había sido uno de los leitmotivs de la CUP, que incluso llevó –sin consecuencias legales– el actual contrato con FCC a la Fiscalía, al considerar que su coste era «indecente». Ayer, sin embargo, los tres partidos con representación en el gobierno municipal (ERC, Junts per Tarragona y cupaires) reconocieron en el Saló de Plens que la gestión de estos trabajos deberá volverse a licitar a empresas privadas en un proceso que, presumiblemente, se iniciará a partir del mes de julio y que volverá a privatizar la gestión del servicio por un mínimo de nueve años en sus principales tareas.
La configuración del nuevo contrato, que debería entrar en vigor a partir del 29 de abril del próximo año, era uno de los puntos que debía estudiarse a raíz del pacto de gobierno que las tres formaciones firmaron el 15 de junio de 2021. En concreto, así se especificó en dos puntos del Govern pel Canvi. Así, en el apartado 5.5 del acuerdo se indicaba que «se realizará un estudio económico de viabilidad para la gestión directa de diversos contratos externalizados, con el objetivo de internalizarlos garantizando unas condiciones laborales dignas para los trabajadores», en especial, «el contrato de la basura, el de la limpieza y el de la grúa». Asimismo, en el punto 9.11 del pacto se enfatizaba que «se estudiará la posibilidad de internalizar el servicio de recogida y limpieza de la ciudad», y «empezar a avanzar en la recogida puerta a puerta y en otros modelos que garanticen la reutilización y el reciclaje».
Finalmente, ayer se escenificó la resolución de todo este proceso de estudio que, según el pacto de gobierno, debe haberse llevado a cabo durante los once últimos meses: la gestión de la basura y la limpieza seguirán externalizán dose a compañías privadas. «Siempre hemos defendido la gestión directa, pero se ha argumentado desde el cuerpo técnico de la casa que, en estos momentos, no estamos en disposición de poder hacer este giro de 180 grados», reconoció ayer la portavoz de la CUP y concejal de Medi Ambient, Eva Miguel, quien se mostraba convencida de que la futura concesión «será innovadora y dará respuesta a todas las exigencias». Asimismo, la formación cupaire «no cierra la puerta» a internalizar en el futuro este servicio «con el siguiente contrato», ya que «siempre hemos dicho que el actual fa pudor».
«Tendrá menos coste»
Por todo ello, ayer el pleno de la Plaça de la Font aprobó –con el apoyo de ERC, Junts per Tarragona, CUP y de los tres concejales no adscritos y la abstención de PSC, Ciutadans y PP– la primera fase del proceso: «la estructura de costes» que tendrán los cinco lotes en los que se dividirá la nueva concesión. En concreto, el actual contrato –que en su globalidad asciende a unos 25 millones de euros– se dividirá en tres partes (Recogida de residuos; Limpieza de playas y terrenos; y Servei de Deixalleria Municipal), a la vez que se sumarán otros dos servicios: Control d’Execució i de Qualitat; y Plataforma de Ciutat. Todo ello, según indicó el concejal de Serveis Generals, Jordi Fortuny (ERC), para «garantizar el control del servicio y la certificación de los trabajos».
Los tres primeros lotes se concesionarán por un periodo de nueve años, más otros dos prorrogables, mientras que los nuevos –el cuarto y el quinto– serán para cinco, más otros cinco adicionales. «Pese a los malos augurios de que no llegaríamos a tiempo, ya lo tenemos a punto. Solo falta que la Junta Consultiva de la Generalitat nos dé el OK para que lo tengamos todo a punto para iniciar el proceso en julio o, en todo caso, antes de otoño», afirmó el también primer teniente de alcalde, quien reconoce que la fecha de licitación estará en función de la evolución del mercado y de los procesos que estén abiertos en verano, como es el caso de Madrid. Asimismo, Fortuny indica que el nuevo servicio «comportará un cambio sustancial» respecto a la actual contrata, asegurando que «será más barato» que el 14% del presupuesto total del año que le cuesta ahora al Ayuntamiento este servicio, en parte, «por el aumento que esperamos en la recogida selectiva», pasando del 34% de ahora al 65%
Por su parte, la edil de Junts per Tarragona y concejal de Contractació, Elvira Vidal, valoró que «los técnicos municipales han hecho un trabajo increíble», ya que pese a que en un inicio se preveía externalizar la redacción del pliego, lo cierto es que finalmente este trabajo lo han realizado los técnicos de la Plaça de la Font. «Se han priorizado criterios ambientales, de sostenibilidad y de inclusió de colectivos vulnerables», añadió Vidal.
Críticas de PSC y PP
Pese a abstenerse en la votación, el exalcalde y concejal del grupo municipal del PSC, Josep Fèlix Ballesteros, se mostró especialmente crítico con el gobierno local y, en concreto, con la CUP y Junts per Tarragona. «Cuando gobernábamos nos llevaron a la Fiscalía por el elevado coste que denunciaban... y ahora aceptan seguir sacando a concurso el servicio con más o menos el mismo coste», indicó el edil socialista, quien también recordó a Dídac Nadal (JxTGN) que «en la campaña electoral de 2019 dijo que Tarragona debía tener un servicio de la basura similar al de Girona, que cuesta 14 millones».
Finalmente, el portavoz del PP –José Luis Martín– lamentó que «estamos, una vez más, ante la incoherencia de Ricomà y de sus socios de gobierno, que se cansaban de pedir la internalización del servicio y ahora hacen, como de costumbre, lo contrario de lo que exigían a los demás».
