El abogado vallense César Puig, exsecretario general del Departament de Interior bajo el mando de Joaquim Forn, se enfrentaba a una petición de pena de once años. El fiscal le consideraba autor de un delito de sedición por haber ordenado a los Mossos d’Esquadra que facilitasen el referéndum del 1-O. Ha sido absuelto. Puig siempre había negado haber dado ningún tipo de orden a los Mossos porque no estaban bajo su mando.
¿Cómo se siente tras la absolución?
Muy aliviado. Tres años pendiente de una petición de condena de once años de prisión te condicionan la vida. Aligerado por mi y por mi familia, que son los que han vivido la situación más complicada.
¿Lo celebrará?
El fin de semana. Trabajo en Barcelona y volveré a Valls. Media familia está en Barcelona y la otra media en Valls. Nos reagruparemos el sábado, pero cumpliendo estrictamente las normas de la pandemia. En casa y punto.
¿Cómo se enteró de la sentencia? Se filtró la noche del martes aunque se dio a conocer oficialmente ayer.
Estaba paseando con mi hijo por Barcelona y mi primer abogado, Jaume Alonso Cuevillas, me envió un Whatsapp diciendo que la Cadena Ser había asegurado que seríamos absueltos. Primero me lo tomé con prevención por si se había equivocado, pero, a medida que lo repetían medios serios, pensé que la cosa pintaba bien. Es bueno para nosotros, sobre todo, pero también para la Justicia.
¿Por qué para la Justicia?
Es la sentencia que tocaba. Ha demostrado que es capaz de analizar un tema delicado como este y dictar una sentencia absolutoria.
¿Qué es lo primero que se le vino a la cabeza?
Mucho relax. La sensación de cerrar una etapa de tres años que ha sido muy convulsa y delicada, con unos importantes costes personales y familiares. Pensé que ya me iba a poder a dedicar a lo que me gusta y no tendré que mirar cada día los medios de comunicación por si hay alguna novedad. Que ya puedo ser un ciudadano normal.
¿Tuvo miedo de ir a la cárcel?
Sí. Antes de la primera declaración que hice, el 9 de marzo de 2018, mi abogado me dijo: «Existe la posibilidad de que no vuelvas. Llévate una muda de ropa, que no te puedo asegurar que vuelvas a casa». Ya se habían dictado otros autos de cárcel. El fiscal pidió cárcel en esa comparecencia eludible con una fianza de 150.000 euros. Era un viernes a las 14 horas.
Un dineral difícil de reunir un viernes a esas horas, con los bancos ya cerrados.
Claro. No llevamos 150.000 euros en los bolsillos. Por suerte la jueza dictó otras medidas cautelares: retirada del pasaporte, comparecencia en un juzgado cada quince días y que estuviéramos localizables para que nos pudieran citar en cualquier momento.
¿Y durante el juicio tuvo miedo de acabar en prisióń?
No lo veía tan inminente. Tenía argumentos, pero una petición de pena de 11 años es un disparate.
¿Cómo era el día a día durante las sesiones del juicio?
Se celebró en San Fernando de Henares, en un polígono industrial. A 45 minutos de Madrid. El tribunal ha llevado el juicio de una manera exquisita, como ha de ser. Con imparcialidad, dejando trabajar a la acusación y las defensas. Nuestros abogados podían hacer su trabajo. Nos dejaron sentarnos a su lado y podíamos comentarles cosas. Se nos permitió defendernos.
¿Hablará con el exconseller Joaquim Forn, que fue su jefe? Cumple diez años de prisión.
Hemos hablado frecuentemente. Ahora es más complicado por el régimen de visitas que tiene. Iré a verle la semana que viene si no puedo hablar antes con él. Me duele mucho su situación. Es profundamente injusta. Y con esta sentencia todavía más.
¿En qué sentido?
Se le condenó porque se consideró que ordenó a los Mossos que incumplieran la legalidad, pero esta sentencia dice que no la incumplieron. Las dos sentencias son contradictorias. Tienen dos visiones muy diferentes de los mismos hechos.
La sentencia dice que usar la fuerza contra «personas indefensas» el 1-O no podía ser «la solución para imponer el acatamiento al ordenamiento jurídico».
Avala que se actuó con proporcionalidad y que la violencia no podía solucionar nada. Se cumplió la interlocutoria de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cuando habló de «preservar la convivencia ciudadana».
La Fiscalía se plantea recurrir la sentencia absolutoria. Y hay un voto particular de la presidenta del tribunal, la magistrada Concepción Espejel.
El recurso es esperable, aunque lo razonable sería dejar el tema como está. Aún no he podido leer el voto particular. Lo haré, pero en todo caso pide la condena del Major Trapero y del director de la Policía, Pere Soler, no la mía.
¿Y ahora qué?
Continuaré con mi trabajo. Trabajo como abogado de la Generalitat. Ahora mi puesto de trabajo está en Barcelona, pero prácticamente toda mi vida profesional la desarrollé en Tarragona. Es lo que me gusta y apetece seguir haciendo.
¿Esta sentencia puede contribuir al diálogo?
Sí. Si no hubiese recurso y se dejase de una vez que los Mossos d’Esquadra hagan su trabajo. Con esta sentencia no hay suficiente. Hace falta mucha más política. Pero sería un buen síntoma de que el Estado sabe reconocer que este proceso concreto no ha estado acertado y que no debería haber empezado nunca. Un recurso implicaría mantener el conflicto.
Todavía hay juicios pendientes contra otros tarraconenses como el de Quim Nin, exsecretari general de la Presidència y actual alcalde de Albinyana.
Sí. Deseo a mi amigo toda la suerte del mundo. Su juicio también está cogido con pinzas y es probable que acabe en absolución. Todavía no hay fecha de juicio. A finales de noviembre empieza el juicio contra la Sindicatura Electoral. Además hay otro juicio pendiente contra la cúpula de los Mossos. Todo esto ya no aporta nada.
El independentismo denuncia una persecución judicial. ¿Es cierto o simplemente es la Justicia que hace su trabajo?
La Justicia hace su trabajo. Yo no diría persecución porque me parece una palabra gruesa, pero sí que hay voluntad de judicializar un conflicto que se les ha ido de la mano. En lo que podía ser un juicio por desobediencia, entra la rebelión y pretenden solucionarlo todo de una manera catastrófica. No hay una solución judicial a un problema de estructura territorial.
Visto todo lo que ha pasado, ¿actuaría de manera diferente?
No. He revisado muchas veces si alguna cosa que hice no debería haberla hecho. Pero por muchas vueltas que le doy, no encuentro nada porque no lo hay. Mi gran problema es que se me atribuye el mando del cuerpo de los Mossos d’Esquadra.
¿Y no lo tenía?
No lo he tenido nunca. Se me acusa de que di una orden a los Mossos de que no hicieran no sé qué, pero no la di porque simplemente no podía darla. Es como si a usted le acusaran de algo que ha hecho el director del ‘Diari’. Es un error de los atestados judiciales que nadie quiso reconsiderar.
¿El Procés ha servido para alguna cosa? No hay unidad en el mundo independentista, hay líderes en la cárcel, Carles Puigdemont está fuera de España, Quim Torra inhabilitado...
Es evidente que, cuando hay un desastre de esta magnitud y tienes compañeros y amigos en la cárcel, es que no hemos acertado en alguna cosa. Tenemos que hacer una reflexión colectiva, pero lo que no se puede justificar nunca son las penas de cárcel. Un conflicto político se soluciona con política, nunca con prisión.
Está usted ahora alejado de la política.
Sí. Le hablo como ciudadano. La desunión en el independentismo es muy preocupante. Es muy difícil desarrollar un proyecto político con esa desunión. Hay que restablecer puentes de diálogo y contacto con seriedad.
Parece difícil.
Todo el mundo tiene que ceder. Todos los grandes acuerdos que se han hecho en el mundo se han basado en que no han contentado a nadie. Si ganas por goleada es un mal acuerdo. El mundo soberanista ha de resolver sus discrepancias y tener una postura unitaria y luego hay que dialogar con el Estado español. No hay otro futuro. No hay más remedio.
Un diálogo cuando menos muy complicado. Quizá sí con Podemos y de esa manera con el PSOE, pero no con el resto.
Es muy difícil. No creo que haya una voluntad real, pero el Estado debe dejar esa actitud de resolverlo todo a golpe de sentencia judicial. Hay dos millones y pico de personas que no quieren seguir dentro del Estado español. Alguna cosa se les tiene que explicar para que cambie esa voluntad.
