El Gobierno abre la puerta a la rehabilitación política de los condenados por el ‘procés’

No es, como tal, la amnistía que exige Esquerra. Pero el viraje que el Gobierno quiere imprimir al Código Penal postintentona secesionista borrando el vigente delito de sedición abre la vía ante el Supremo para aligerar los expedientes condenatorios de los dirigentes del ‘procés’ encarcelados y luego indultados; y para caminar hacia su rehabilitación política, con la trascendencia real y simbólica que ello comporta. Todo en medio de un «yacimiento de perplejidades» -ironiza un penalista- que puede favorecer, también, a Carles Puigdemont y el resto de huidos de la justicia española.

¿Quiénes son los condenados y cuáles sus condenas? El 14 de octubre de 2019, dos años después del desafío que desembocó en el referéndum ilegal y en la declaración nonata de independencia de Catalunya, el Supremo condenó a 12 de los principales dirigentes del ‘procés’ en ausencia de quien ostentaba la presidencia de la Generalitat, el prófugo Carles Puigdemont. La pena mayor recayó sobre Oriol Junqueras, sentenciado a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación por sedición y malversación de caudales públicos. El castigo le fue aplicado en concurso medial porque la comisión de un delito precisaba de la del otro.

El tribunal comandado por Manuel Marchena impuso 12 años también por sedición y malversación a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Por debajo, envió a la cárcel a sus compañeros de Ejecutivo Josep Rull y Joaquim Forn, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los Jordis -Sànchez y Cuixart- con penas algo inferiores, pero, y esto es relevante, solo por el delito sedicioso. Los otros tres condenados -Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás- ya han cumplido su inhabilitación por desobediencia.

¿A quién afectará la supresión del vigente delito de sedición? A todos condenados en función del artículo 544 del Código Penal, el que hacía caer hasta ahora el peso de la ley sobre quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes» y las funciones de la autoridad. Repercutirá también, por extensión, sobre los huidos de la justicia pendientes de las euroórdenes requeridas por el magistrado del Supremo Pablo Llarena: el expresident Puigdemont y sus consejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, acusados en su momento de rebelión, sedición y malversación.

Meritxell Serret, que integró aquel Gobierno y hoy ha sido rescatada para el suyo por Pere Aragonès, se personó ante el Supremo para regularizar su situación procesal, señalada por desobediencia y malversación. Lo mismo que la exparlamentaria de la CUP Anna Gabriel, prófuga igualmente; en su caso por desobediencia sin cárcel. Mención aparte merece Marta Rovira. La recién elegida secretaria general de ERC permanece en la localidad suiza de Ginebra, fuera del alcance de las órdenes europeas, y acusada como Puigdemont pero no por malversación. Y esa diferencia penal no es baladí tras la reforma de Sánchez.

¿Cómo puede repercutir el cambio legal en los ya condenados? En la práctica y en lo que se refiere al aspecto más gravoso del veredicto del Supremo -su purga en prisión-, hoy en nada, porque todos los encarcelados quedaron en libertad en virtud de los indultos aprobados por el Consejo de Ministros que, no obstante, no neutralizaron la inhabilitación. Pero la proposición de ley registrada ayer en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos está llamada a ejercer un notable beneficio -de rehabilitación penal y también política- para Junqueras y el resto de los condenados por sedición.

Porque la decisión del Gobierno de ir un paso más allá de lo anunciado, al suprimir el capítulo I título XII del actual Código Penal, implica que el delito del artículo 544 por el que los secesionistas fueron a prisión dejará de existir. Y según los expertos en Derecho Penal consultados, eso enfila hacia la anulación por el Supremo de las condenas por sedición cuando la reforma entre en vigor. Así, quienes fueron castigados solo por sediciosos -Rull, Forn, Forcadell, Sànchez y Cuixart- verían limpio su expediente penal. Y luego, este se suavizará para el resto de los que suman a la sedición el delito de malversación.

¿Qué dudas jurídicas afloran? Son unas cuantas, porque, en palabras de un penalista, «el Supremo va a tener que ver cómo resuelve el borrón que le acaba de caer a su sentencia». Una de las incógnitas es cuánto pesará la eliminación de la sedición en el nuevo cómputo de las penas que deberá efectuar el alto tribunal para quienes están sentenciados también por malversación. Porque al aplicar el concurso medial -la pena no debe ser inferior al delito mayor ni superar la suma de los dos-, no está claro en cuánto se reparte la condena entre ambos delitos. Ni si la evaporación de uno hace, incluso, decaer al otro.

La envergadura del galimatías queda reflejada en que Junqueras fue condenado a 13 años por esos dos ilícitos -estando la malversación severamente castigada en el Código Penal- y Forcadell a 11 y seis meses solo por sedición. El dilema adquiere aún más trascendencia porque el Supremo tendrá que resolver también en cuánto rebaja la inhabilitación que impide al presidente de ERC ser candidato electoral hasta 2031. Y todo ello sin que los penalistas consultado se atrevan a jugársela taxativamente sobre qué hará el Supremo y sobre cómo confrontará su sentencia con el futuro tipo penal de desórdenes agravados. ¿Cómo impactará en Puigdemont y el resto de los huidos? No están ni detenidos ni juzgados, pero los expertos auguran que, en todo caso, la medida del Gobierno jugará a su favor.

¿Cómo interfieren los indultos? La Sala de lo Contencioso del Supremo tiene pendiente el pleno, que no se espera ya en lo que queda de año, para resolver sobre los recursos del PP, Vox y otros contra las medidas de gracia. Ello a la par de que las Cortes eliminan la sedición.