Considera que Bélgica no puede rechazar las euroórdenes los políticos huidos sin pruebas que demuestren deficiencias sistémicas en el sistema judicial español
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pidió en cambio la anulación del suplicatorio argumentando que se trata de un caso de «persecución política» y prueba de ello, señaló, es la reforma del delito de sedición que ha propuesto el Gobierno de España y tramita ya el Congreso de los Diputados.
El hasta ahora vicepresidente fue retirado ayer de su cargo por no haber informado a Aragonès de que Junts plantearía que se sometiese a una cuestión de confianza