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Después de años de reclamarlo, el Ayuntamiento de Vila-seca aprobó por fin en el último pleno el contrato programa con la Generalitat de Catalunya para la gestión de los servicios sociales. Una aprobación, sin embargo, que tuvo un sabor agridulce. El contrato programa, con vigencia para los años 2022-2025, fija una partida de 500.000 euros anuales para financiar los diferentes proyectos de bienestar social que impulsa el consistorio. Una cantidad que consideran «insuficiente» y por la que los servicios jurídicos municipales están estudiando posibles acciones legales.
«Nos reservamos la opción de emprender acciones legales porque entendemos que este contrato programa no cumple ni la parte cuantitativa ni la parte cualitativa que esperamos como municipio», expresaba el alcalde, Pere Segura, en la sesión plenaria. Asimismo, el edil apuntaba que existía un agravio comparativo respecto a otras localidades. «No entendemos los criterios de cómo se hace la distribución de recursos. Hay municipios con tasas de paro más bajas que la nuestra, una renta per capita más alta, menos tasas de inmigración y que no tienen la peculiaridad de tener diferentes núcleos de población, pero en cambio tienen más financiación», lamentaba.
Por su parte, la concejala de Acció Social, Lucía Teruel, manifestó que la cantidad de 500.00 euros al año aprobada con este contrato programa es «insuficiente porque no cumple nuestras expectativas y no cubre la parte de financiación que deberían tener los servicios que nosotros creemos que necesita nuestra población». Por otra parte, la regidora criticó que «el departament no fundamenta debidamente por qué tocan estos recursos y no otros» y afirmó que se reserva el derecho a emprender acciones legales porque «nuestro deber es defender y luchar por los intereses de nuestra población».
En declaraciones al Diari, Teruel detalló que, a pesar de la falta de financiación autonómica, el consistorio asumirá la parte de los costes de todos los servicios que se han previsto. «Veníamos de unos servicios sociales externalizados y, una vez que los asumimos, planteamos unas necesidades a las que no vamos a renunciar. Si el Ayuntamiento tiene que poner más recursos, lo hará como ya lo ha estado haciendo», aseguró.
Una primera demanda en 2021
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Vila-seca ya interpuso el pasado verano de 2021 un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) contra el departamento de Drets Socials de la Generalitat y que ha ampliado también al Consell Comarcal del Tarragonès. En este caso, el consistorio tomó la decisión después de dos años sin disponer de contrato programa para la financiación de los servicios sociales, que asumió de facto el consistorio en 2020, tal y como deben hacer los municipios de más de 20.000 habitantes –hasta entonces los gestionaba el Consell Comarcal–.
Después de dos ejercicios teniendo que asumir la totalidad del presupuesto, el Ayuntamiento aprobaba en el último pleno el contrato programa para los próximos cuatro años. Lo hacía por unanimidad, aunque a regañadientes, tal y como lamentaron todos los grupos municipales, ya que la cantidad de 500.000 euros al año está lejos, aseguran, de suponer el 64% de la financiación que por ley debe asumir la Generalitat. La partida de Serveis Socials para este 2022 en el presupuesto municipal se eleva a 2,85 millones de euros.
