La Junta de Fiscales de Sala ha acordado este martes investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic como propone el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, al rechazar el borrador del fiscal del Tribunal Supremo que pedía lo contrario.
El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo no había visto indicios para investigar por terrorismo a Puigdemont en esta causa, como proponía García-Castellón.
Una amplia mayoría vota en contra del informe de Redondo
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que una amplia mayoría de los quince fiscales que componen la Junta de Fiscales de la Sección Primera del alto tribunal, donde las decisiones se toman por mayoría, han votado en contra del informe del fiscal del Supremo Álvaro Redondo.
Además, doce fiscales aprecian indicios de terrorismo en los hechos vinculados con Tsunami Democrátic y once que esos mismos hechos se pueden atribuir a los dos aforados, estos son, Puigdemont y el diputado catalán Rubén Wagensber, que ahora se encuentra en Suiza.
Se abre un escenario complicado
Una vez rechazado ese informe, se abre un escenario complicado porque la Fiscalía del Supremo aprecia terrorismo frente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que descarta de plano que los hechos ocurridos tras conocerse la sentencia del procés en octubre de 2019 sean constitutivos de este delito.
Por eso, las fuentes explican que ante esta discrepancia intervendrá la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde para que, en virtud del principio de unidad de actuación que rige el Ministerio Público, fije la postura definitiva a seguir en ambas fiscalías, la del Tribunal Supremo y la de la Audiencia Nacional.
Dado que la labor de Sánchez Conde es fijar una postura única, podría darse el caso de que rechace el criterio de los fiscales del Supremo y siga la argumentación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que discrepa abiertamente de que los disturbios atribuidos a Tsunami Democrátic puedan ser calificados de terrorismo.
Es más, esta Fiscalía recurrió hace meses tanto la decisión del juez de dirigirse contra Puigdemont y Rovira, como la resolución en la que pedía al Supremo investigar al expresidente catalán al estar aforado como eurodiputado, ambas pendientes de resolución.
