Para el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar son necesarios recursos económicos. Y estos provienen de los impuestos. Según el artículo Las transformaciones del derecho tributario, de Miguel Ángel Mayo, del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), hay insuficiencia de recursos fundamentalmente por dos razones: un sistema fiscal injusto y no progresivo, y por un fraude fiscal descomunal. El fraude fiscal en España supera ligeramente el 20% del PIB, es decir, 1 de cada 5 euros escapa al control fiscal, representando una pérdida de recaudación superior a los 60.000 millones de euros anuales. Son 10 puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de la UE. Hablamos de la media, no de países como Dinamarca o Suecia, cuyo fraude es del 4%. Por ende, solo con rebajar nuestro fraude en estos 10 puntos que nos diferencian de la media ingresaríamos al año cerca de 30.000 millones.
Algo no funciona. Estudios académicos sobre el fraude fiscal apuntan dos conclusiones consensuadas. El cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una administración tributaria poco eficaz (se compensan y neutralizan así los efectos recaudatorios de la subida de impuestos). Y el cumplimiento tributario aumenta cuando la administración ejerce una mejor gestión y control, lo que es una prueba irrefutable de efecto multiplicador de inversión en recursos para la gestión tributaria. En España mientras el defraudador va en Ferrari, Hacienda va en transporte público.
Pero, ¿quién defrauda y cuáles son los mecanismos para eludir? Para responder a la primera pregunta es más fácil observar quién realmente no defrauda, que es la clase asalariada.
En la actualidad, los recursos del Estado se nutren básicamente de dos impuestos. El IRPF, que en 2019 supuso un 44% de los ingresos por impuestos, de las rentas del trabajo el 83,7% de la recaudación. Y el IVA, un impuesto regresivo, aporta el 32% de la recaudación impositiva.
En el otro vértice de la justicia impositiva, los defraudadores. Se estima que más del 72% del fraude lo llevan a cabo los grandes patrimonios y las grandes empresas. Pueden hacerlo debido a las sofisticadas normativas fiscales de algunos países, que están contribuyendo a la pesadilla financiera que vivimos. En estos paraísos fiscales según la empresa de asesoramiento económico Merryl Lynch hay unos 6 billones de dólares. Para el FMI una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en ellos, y la OCDE establece que la evasión fiscal realizada a través de los paraísos fiscales alcanza los 600.000 millones de dólares. Estos agujeros fiscales son inasumibles y más hoy de caída de los ingresos tributarios, por la crisis económica. La consecuencia es clara. Si disminuyen los ingresos por el fraude fiscal endémico en nuestro sistema tributario, debemos endeudarnos, y tal deuda tendremos que pagarla. Desde el inicio de la crisis económica de 2008 hasta 2020 hemos incrementado nuestra deuda pública en más de 500.000 millones de euros. En julio de 2022 era de 1.487.003 millones de euros. En 2008 cada español debía una cifra en torno a 9.500 euros, a inicios de 2020 era ya de 25.900. En el ejercicio 2018, España pagó en intereses de la deuda 29.301 millones de euros, el 2,4% del PIB. O lo que es lo mismo, 80,3 millones cada día, 3,3 cada hora, cifra que se mantuvo en 2019, lo que equivale a más de la mitad del gasto educativo o el 40% del sanitario.
El Estado de bienestar no se salva aplaudiendo en los balcones a los sanitarios, sino pagando cada cual sus impuestos
Es obvia una necesidad urgente de una reforma fiscal en sentido progresivo, que lo establece la Constitución en su artículo 31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Y por supuesto, combatir el fraude fiscal.
«Los impuestos son malos». «Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos». Que la curva de Laffer esté desacreditada es irrelevante. La agenda política de la derecha se ha impuesto totalmente. Ese sentimiento sobre los impuestos lo refleja una anécdota que escuché en un programa de televisión. Se estaba debatiendo el tema del Estado de bienestar. Uno de los economistas explicó muy bien que existían dos modelos políticos. El socialdemócrata escandinavo con un Estado de bienestar muy potente y una fuerte carga fiscal. Y el norteamericano, con un Estado de bienestar muy débil, hablar de Estado de bienestar es excesivo, y con unos impuestos muy bajos. Y otro economista, no sin cierta ironía, que existía un tercero: el de España, que es la pretensión de muchos ciudadanos españoles: un Estado de bienestar muy potente, como el socialdemócrata escandinavo, pero con impuestos muy bajos, como los de los países subsaharianos. Nadie le replicó. El Estado de bienestar –como la sanidad pública– no se salva aplaudiendo en los balcones a los sanitarios, sino pagando cada cual sus impuestos. Ese es el auténtico patriota. Y por supuesto, los poderes públicos con una política de gasto eficaz, y exigiendo a todos los ciudadanos y empresas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Una reflexión última. ¿Qué es lo que se esconde tras ese afán de desprestigiar y reducir los impuestos? Muy claro, reducir lo público y allá donde el Estado mengua crecen las oportunidades de negocio privado. Deteriorar la educación y la sanidad públicas es oportunidad de lucro para la iniciativa privada. Reducir las pensiones, negocio a los fondos privados de pensiones. ¿Qué significa privatización? La privatización le quita al Estado la capacidad y la responsabilidad para reparar y mejorar las condiciones de la gente; elimina también la responsabilidad de la conciencia de sus conciudadanos, al desvincularse de los problemas comunes. Lo único que queda es la caridad. Pero esta es una respuesta inadecuada ante tanta desigualdad e injusticia. De manera que aunque la privatización tuviera el éxito económico que se le atribuye (por cierto, dudoso), sigue siendo una catástrofe moral.
Sorprende que a muchos ciudadanos se les olviden las funciones de los impuestos. Es el principal instrumento de los Estados para redistribuir la riqueza y paliar las injusticias. Sin una política impositiva progresiva y redistribuidora es imposible garantizar la igualdad de oportunidades. La ideología neoliberal hace muy bien su trabajo. La izquierda en lugar de preocuparse por inventarse nuevas banderas en reemplazo de la igualdad, debería conservar ese estandarte. La lucha por la igualdad es irrenunciable. De ahí que no sea de recibo para una izquierda, de verdad, aplicar las mismas políticas que la derecha en materia fiscal.
