El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se afianza como la base de buena parte de la financiación de los ayuntamientos. Los ingresos por la contribución alcanzaron en 2022 una cifra récord en los consistorios tarraconenses. En el último año, los municipios han vuelto a hacer caja con este tributo sólido, que nunca falla, y que es la piedra angular de la financiación local.
Así lo reflejan las estadísticas que acaba de hacer públicas la Dirección General del Catastro, un organismo que depende del Ministerio de Hacienda. Las 184 localidades de la provincia ingresaron el año pasado 327,6 millones de euros del IBI urbano. Si a esa cifra se añaden los 8,2 millones del rústico, el dato se eleva a los 335,8 millones, el doble en relación con los años de la burbuja inmobiliaria. Los datos corroboran ese mito popular que defiende que, pase lo que pase, el recibo de la contribución siempre sube. Porque si hay un tributo que nunca ha conocido la burbuja inmobiliaria (y su posterior estallido), ese es el IBI, la salvación y la niña bonita de los ayuntamientos y, además, un tributo que grava al propietario y del que resulta imposible zafarse.
Esa cifra de 2022 supera en más de un millón a la de 2021 pero dispara los registros respecto a aquel boom del ladrillo. En 2006, primer año con registros del Catastro, los ayuntamientos obtuvieron unos ingresos de 167,1 millones, muy alejados de estos balances más recientes.
Tarragona es la provincia número 11 de toda España con una mayor recaudación por este concepto, en un ranking liderado por Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante. El IBI es un impuesto que se cuela regularmente en el debate público y político, en mitad de promesas o anuncios de rebajas para esta figura impositiva que grava la mera propiedad de una vivienda, un local o un garaje.
Los tarraconenses pagan una media de casi 400 euros en la contribución. Es, de media, la sexta provincia donde más IBI se abona por vivienda, según estas últimas estadísticas del Catastro. Las sucesivas revisiones catastrales a las que se han acogido los ayuntamientos han sido claves en ese incremento, así como la regularización catastral iniciada por el Gobierno en 2013 y finalizada en 2018.
Clave para las cuentas locales
Las ciudades más grandes son las que tienen más recibos y, por tanto, una mayor recaudación. En Tarragona, los ingresos en 2022 subieron a 49 millones y en Reus rozaron los 40, superando a El Vendrell (22), Calafell (19,9), Salou (17,8) o Cambrils (17,1).
Otros datos de Hacienda denotan la importancia que tiene este impuesto para las cuentas locales. De los 1.209 millones de euros en ingresos que tuvieron los ayuntamientos tarraconenses el año pasado, más de 370, el 30%, fueron en concepto de contribución, según los presupuestos sin consolidar. En 2006, el IBI suponía apenas el 19% del total de ingresos recaudados, en otro ejemplo más de cómo este tributo se ha convertido en crucial para los consistorios.
«El IBI es un impuesto muy estable y recaudatorio, que no baja nunca y no se puede deslocalizar», admite Manuel Sosa, abogado y experto inmobiliario
Atendamos a 2021, último año liquidado según los cálculos de Hacienda. La recaudación líquida del IBI, sumando el urbano, el rústico y el de características especiales, se enfiló a los 340 millones en la provincia. Suponen el 74% de lo que se percibe por todos los impuestos directos y un 31% del global de ingresos que llegan a las cuentas municipales.
Hay varios factores que influyen en este incremento generalizado. Uno de ellos es la revisión al alza de los valores catastrales, que es algo así como el ‘precio’ que la administración otorga a cada inmueble en función de criterios como el coste de ejecución, la localización o la propia coyuntura económica.
Manuel Sosa, abogado y experto inmobiliario, explica que «el importe del IBI depende fundamentalmente de dos factores, el valor el valor catastral que se asigna al inmueble por un organismo tributario dependiente del Ministerio de Hacienda como es el Catastro (urbano y rústico) y del ayuntamiento que fija el tipo impositivo en cada municipio, según lo que quiera recaudar o gravar a los propietarios».
Hacienda interviene
Sosa recalca que es complicado huir de los efectos del IBI. «Está basado en los bienes raíces e inamovibles, que no se puede deslocalizar. No se los pueden llevar ni mover de sitio como otros bienes, por ejemplo bienes muebles, como vehículos», indica Sosa. El resultado de todo ello es «un impuesto muy estable y recaudatorio para los ayuntamientos, que se paga en más del 90% de su padrón actual».
El incremento de la recaudación en los últimos años se explica, en parte, por las sucesivas revalorizaciones catastrales de los inmuebles. «El Ministerio de Hacienda, a petición de los ayuntamientos, ya se ha encargado de ‘actualizar’ esos valores catastrales, que son la base también para muchos otros impuestos, como sucesiones, herencias o transmisiones», cuenta Sosa: «El grifo o la válvula de presión, el aumento del importe final a pagar, está en el tipo impositivo que se aplica sobre el valor catastral. Ese tipo depende de cada ayuntamiento, según quiera recaudar más o menos».
En 2022 el IBI supuso el 30% de los ingresos de los ayuntamientos en Tarragona. Es clave en su presupuesto. En 2006 solo suponía el 19%.
El valor catastral medio del inmueble en Tarragona ha ido creciendo en los últimos años hasta situarse en los 46.600 euros. Esas revalorizaciones a golpe de ‘catastrazo’ han sido comunes en los últimos ejercicios.
Por tanto, Sosa detecta que «el IBI no baja nunca y hasta cierto punto es comprensible, pero los ayuntamientos no paran de incrementar sus gastos fijos y por ello el importe de la contribución no baja». También ha sido el método más usado para el saneamiento durante una década de unos ayuntamientos muy maltrechos económicamente. En el marco normativo tan encorsetado de las entidades locales, una de las pocas herramientas para disponer de una cierta soberanía ha sido aumentar ingresos y en ello no hay impuesto más fácil que el IBI, aun a costa de la ciudadanía. También influye, en el aumento, el incremento del censo de inmuebles.
La contribución ha sido, pues, un asidero para los consistorios, en plena controversia de la financiación, juzgada por muchos como insuficiente cuando cada vez se asumen más servicios. También ha permitido hacer los deberes. Hacienda acaba de difundir la estadística de la deuda bancaria. A finales de 2022, los ayuntamientos tarraconenses debían 410 millones a las entidades financieras. En 2013 se superaban los 1.000.
Un impuesto para el propietario que afecta también al inquilino
Por definición el Impuesto de Bienes Inmuebles es asumido siempre por el propietario. Sin embargo, hay una afectación, aunque sea indirecta, sobre el inquilino de una vivienda de alquiler. «Ha sido un factor más de las subidas de los alquileres en los últimos años», apunta el abogado Manuel Sosa. «Si bien la basura, por ejemplo, es una tasa que se puede derivar al inquilino, el IBI va a cargo del propietario. Lo paga él, pero en los contratos se refleja muchas veces que los aumentos que se experimenten se podrán repercutir», añade Sosa. Es decir, si al arrendador le sube la factura de la contribución, él hará lo propio con la renta del alquiler para cuadrar las cuentas.
Y en ello también tienen que ver las reformas que se hacen en inmuebles y edificios. Son también factores de unas actualizaciones catastrales que acaban elevando los valores y, en último término, el recibo. «A través de licencias de obras, por ejemplo, al rehabilitar una fachada, Hacienda, que está en contacto con los ayuntamientos, te pueden subir el valor catastral», agrega Sosa. El Ministerio ha llevado a cabo en los últimos años campañas intensas y muy específicas para hacer declarar construcciones o ampliaciones que permanecían ocultas al fisco.
Algunos ejemplos son casas de campo transformadas en chalets, almacenes con un nuevo uso comercial, fincas familiares con vivienda adicional levantada al lado, balsas de riego reconvertidas en piscina, una ampliación de la casa para ganar metros al patio trasero o, en la ciudad, un ático con una terraza cerrada para sumar otra habitación. Todo ello ha ido engrosando la recaudación.
Recargos de hasta el 150% del IBI a los pisos vacíos
La contribución es un impuesto usado en los últimos años por las administraciones para luchar contra los pisos sin habitar y que, por tanto, están fuera del mercado. Ahora la Ley de Vivienda, aprobada recientemente en el Congreso, se suma a esa práctica. Autoriza a los ayuntamientos a aplicar un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del IBI a los propietarios de viviendas que permanezcan vacías más de dos años.
La nueva norma establece un incremento del recargo actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI hasta un máximo del 150%, «en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas también desocupadas que sean del mismo titular en el término municipal», según reza esta legislación.
