El nuevo gobierno municipal de Tarragona (ERC-Comuns) ha chocado con informes de altos funcionarios municipales y la oposición de los sindicatos en sus primeras decisiones ejecutivas al frente de la administración de la Plaça de la Font.
El bloqueo de la nueva plaza de coordinación del área de Cultura; la dirección del IMET; la subrogación del personal de las Llars d’Infants; y la obligación de tener que tirar hacia adelante la urbanización del barrio donde debía ir IKEA son solo cuatro ejemplos de los contratiempos que se ha encontrado en los escasos 80 días que se llevan de mandato.
La gran polémica se originó la pasada semana por la nueva plaza de coordinación del departamento de Cultura i Festes, que el alcalde Pau Ricomà (ERC) considera que puede ocuparse sin tener ninguna titulación universitaria, al entender que «necesitamos a una persona que, con carrera finalizada o no, conozca la realidad cultural y de las fiestas para dejar atrás la situación paupérrima en la que nos encontramos».
Intervenció se opuso a que el personal de las Llars d’Infants fueran empleados municipalesEl líder municipal no pudo ni forzar la votación de la propuesta en el Saló de Plens, ya que la CUP no avaló que el asunto se debatiera en el pleno, al no aceptar su inclusión por urgencia en el orden del día.
Sobre la nueva plaza de alto cargo de Cultura, un informe de Fiscalització advertía –pese a ser favorable– de la necesidad de cumplir varias recomendaciones, como el hecho de «motivar» más la necesidad de modificar la actual plaza de Cap de Gestió Cultural, así como del hecho de que se rebaje categoría pero se mantenga el sueldo. Asimismo, los altos funcionarios tampoco aprobaban que una misma plaza pueda ser ocupada por personal A1, A2 o C1. «Esto es difícil de justificar», se afirmaba en el informe.
El trabajo de los altos funcionarios fue especialmente crítico con el hecho de que en la comisión previa al pleno no estaban completos los informes pertinentes, lo que a juicio de Fiscalització e Intervenció «podría contravenir el derecho de participación de los cargos electos, al no disponer del expediente íntegro». Según los altos funcionarios, esto «podría suponer una limitación en el ejercicio del control interno» por parte de las formaciones políticas.
Las críticas de los sindicatos no se hicieron esperar. La UGT pidió al ejecutivo que no rebajara la plaza manteniendo el sueldo de 60.000 euros anuales, al entender que «se trata de un agravio comparativo hacia los otros empleados. Es una subida encubierta a un puesto de trabajado de designación propia».
El ejecutivo ha tenido que tirar hacia atrás su objetivo de paralizar el nuevo barrio de PonentDesde CCOO también se critica la posición municipal. «Modificar por acuerdo de pleno las características de un puesto de trabajo con el fin de adaptarlas a la persona que se quiere que la ocupe es una cacicada que atenta contra los principios rectores de acceso a la función pública. Es la persona la que debe adaptarse al puesto de trabajo y no a la inversa», se indica desde el sindicato.
«Mérito, capacidad e igualdad»
Otro de los asuntos en los que el equipo de Ricomà ha tenido que batallar con la estructura de funcionamiento municipal es en las ochenta plazas que se subrogan de las Llars d’Infants que pasan a ser de gestión directa del Ayuntamiento. Inicialmente, los técnicos emitieron un informe desfavorable sobre la absorción de estos empleados, al entender que las personas que pasaban, teóricamente, a formar parte de la plantilla del Consistorio «no han pasado ningún proceso selectivo» y, por lo tanto, no se habían respetado los principios de «igualdad, mérito y capacidad» para entrar a formar parte de la administración pública.
Esta circunstancia obligó al gobierno municipal a realizar una enmienda a su propuesta inicial –que fue aceptada por los técnicos–, de forma que en el redactado final del acuerdo del pasado viernes se acordó que «las personas subrogadas no pueden considerarse como empleadas públicas», ya que no han pasado por ninguna oposición. Esto significa que, legalmente, no forman parte de la plantilla del Ayuntamiento pese a pasar a cobrar de la corporación local.
La intersindical del Consistorio envió la pasada semana una nota informativa a los empleados municipales en la que, pese a aprobar la apuesta por la educación de 0 a 3 años, lamentaba la amortización de plazas de la estructura municipal.
En concreto, para poder pagar al personal de las guarderías el Ayuntamiento ha suprimido una plaza de Intendent Major, un intendente y dos inspectores de la Guàrdia Urbana, así como las de dos técnicos superiores en Prevenció, dos arquitectos técnicos, dos delineantes, un operario de servicios especiales y una plaza de cocinero de las Escoles Bressol. «Inicialmente también querían eliminar plazas de subalternos y auxiliares administrativos», afirmaron en la nota.
«Indemnizaciones millonarias»
Los informes desfavorables de la última semana sobre temas de personal se suman a las recomendaciones realizadas a principios de verano por parte de los técnicos municipales sobre la conveniencia de permitir la tramitación de plan parcial situado junto al Anillo Mediterráneo, en Campclar.
Cuando estaba en la oposición, el ahora alcalde –Pau Ricomà– había rechazado siempre este futuro nuevo barrio para 4.000 habitantes en el que, inicialmente, debía ir IKEA y que al final albergará el centro comercial de Ten Brinke. Pese a ello, el pasado 2 de agosto el portavoz y concejal de Urbanisme, Xavier Puig, anunció que el nuevo gobierno hacía suyo la urbanización del sector «por responsabilidad política» y porque lo contrario «supondría el pago de indemnizaciones millonarias».
