La Generalitat se ufana de no reconocer ninguna autoridad a este órgano judicial de arbitraje que es el Tribunal Constitucional. Pese a lo cual, desde que Artur Mas llegó al poder en 2010, el Govern y el Parlament han acudido 80 veces a su dictamen con recursos de impugnación contra el Estado.
En la votación pasada de las conclusiones del Procés Constituent, el Parlament hizo caso omiso a la prohibición del TC de no llevarla a cabo. Cabía suponer que esto marcaría un antes y un después, y que la Generalitat dejaría de acudir a un Tribunal al que desobedece.
Pero al día siguiente, vuelve a ir a él con un recurso para evitar la devolución de obras de arte al Monasterio de Sigena, dictada por un juzgado de Huesca.
Curiosa forma de proceder: se rechaza aceptar las resoluciones del Tribunal Constitucional que no nos gustan, pero se le pide que obligue a otros a que las acepten aunque puedan no gustarles.