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Reus implantará próximamente su zona de bajas emisiones (ZBE), un sistema que restringe el acceso de los vehículos más contaminantes a determinadas áreas de la ciudad. Pese a que aún trabaja en su desarrollo, el gobierno ya avanzó que la ZBE tendrá tres coronas con diferente grado de limitación y se desplegará por fases.
La nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible –que también habla de zonas urbanas de atmósfera protegida (ZUAP)– recoge las normas de funcionamiento de este tipo de espacios. Y concreta algunas excepciones. Vehículos que lleven a huéspedes de hoteles o usuarios de residencias de mayores dentro de la zona o que hagan mudanzas, si solicitan autorización, no estarán sujetos a las condiciones de la ZBE aunque no dispongan de etiqueta ambiental.
Lo mismo ocurrirá, tal como recoge la ordenanza, con los vehículos que lleven a personas enfermas con domicilio en estas áreas y los que sean conducidos u ocupados por personas con movilidad reducida titulares de tarjeta de aparcamiento para discapacitados. Igualmente, quedará exento, previa autorización, el transporte público regular de viajeros, tanto de uso general como especial.
En ningún caso las limitaciones establecidas para la zona de bajas emisiones afectarán a la circulación, parada o estacionamiento de bomberos, policía, protección civil, camiones de la basura, ambulancias, servicios funerarios, la grúa municipal, vehículos del servicio de bici compartida, asistencia domiciliaria u «otros servicios municipales que deban atender necesidades en la calle o de personas».
Tampoco habrá obstáculos para la entrega de medicamentos a farmacias de estos ámbitos y, en general, con los «vehículos que tengan inherente la prestación de servicios públicos y estén rotulados».
La ordenanza prevé que, antes de implantar la ZBE, el Ayuntamiento llevará a cabo «acciones de sensibilización» y fomentará la «participación ciudadana». Una cuestión, esta, en la que el gobierno había hecho especial hincapié cuando anunció el inicio de las labores para definir las restricciones.
En los accesos a la zona de bajas emisiones se podrán colocar sistemas de lectura de matrículas para el control de quienes entren. El mapa concreto todavía se está perfilando. La ordenanza establece sanciones de 200 euros por no someterse a las condiciones de estos espacios de reducción de emisiones contaminantes.
