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Los técnicos del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació han detectado a lo largo de los dos últimos años unos 500 inmuebles que sufren patologías graves en la provincia de Tarragona. Según ha podido saber el Diari, estos son los datos que se extraen de las Inspecciones Técnicas en los Edificios (ITE) que se están llevando a cabo en la demarcación, y que durante los últimos meses se han acelerado de una manera exponencial.
Estos análisis, obligados por ley, tienen como objetivo realizar una inspección visual de las viviendas para comprobar si sufren algún tipo de deficiencia para que sean subsanadas, si es necesario, con urgencia bajo la amenaza de sanciones que pueden oscilar entre los 9.000 y los 90.000 euros si los propietarios no dibujan un plan de actuaciones en el plazo establecido, que es de seis meses desde la presentación del informe en los casos que existen los déficits de mayor envergadura. Desde 2015, estos análisis incluyen también criterios de accesibilidad y eficiencia energética, además de posibles daños estructurales.
Estos exámenes están obligados a pasarlos los edificios que tengan a partir de los 45 años o, lo que es lo mismo, que fueran construidos antes de 1973. Además, antes de acabar este mismo año deberían haberlos pasado todos los inmuebles unifamiliares que fueron edificados entre 1931 y 1950. El 31 de diciembre de 2019 deberán haberlos pasado los construidos entre 1951 y 1960. En total, se calcula que en el conjunto de la provincia son 54.000 los inmuebles afectados por esta obligación. La tramitación de la ITE, de hecho, es imprescindible para poder aspirar a recibir ayudas para la rehabilitación.
La mitad de los casos, «leves»
Según los datos que manejan tanto l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya como el Col·legi d’Aparelladors, mientras que en 2015 fueron sólo 80 los análisis que se pasaron en las comarcas tarraconenses, esta cifra se incrementó hasta los 724 de 2017. Asimismo, cabe destacar que sólo en los primeros ocho meses de 2018 la cantidad de inmuebles que se han analizado se ha duplicado, llegando hasta los 1.387. De estos, el 22% se han llevado a cabo en el Tarragonès, mientras que el 20% se han realizado en el Baix Camp y un 7% en el Baix Penedès y la Conca de Barberà.
En total, a lo largo de los dos últimos años han pasado el examen técnico unos 2.000 inmuebles de las diez comarcas de Tarragona, de los cuales a un 26% –unos 500– se les ha detectado deficiencias «graves o importantes», según se resalta desde el colegio de profesionales que lleva a cabo este tipo de observaciones. Fuentes de la propia entidad destacan a este periódico que un «1%» de las viviendas «han presentado daños generalizados en la estructura con riesgo de desprendimiento», mientras que un 7% sufren patologías «muy graves».
Asimismo, según los especialistas, un 18% presenta irregularidades «importantes», a la vez que también hay un 24% de los casos estudiados que «no tienen ninguna incidencia a resolver», por lo que su estado es bueno. Finalmente, un 48% sólo presenta aspectos «leves». Entre las principales capitales, Tarragona es la ciudad en la que los propietarios cumplen más con sus obligaciones, ya que hasta finales de agosto era un 54% el volumen de bloques plurifamiliares y unifamiliares que habían pasado el examen. En concreto, son 1.085 sobre los 2.004 inmuebles que, según la ley vigente, tienen más de 45 años en la ciudad, y que deben ser inspeccionados.
El porcentaje de análisis que se ha llevado a cabo en Tarragona es casi el doble del que se acredita en Reus, donde tan sólo han sido examinados el 29%. Así, los técnicos han valorado 505 de las 1.754 viviendas que están obligados a ello. La cifra que se acredita en la capital del Baix Camp es superior, sin embargo, a la de Valls, donde el volumen de inmuebles que han pasado la ITE no llega ni al 24%, siendo sólo 112 los edificios inspeccionados sobre los 468 que deben hacerlo.
«Contentos, no satisfechos»
El director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Jordi Sanuy, indica al Diari que la corporación autonómica está «contenta, pero no satisfecha aún» con la respuesta de los propietarios. «El objetivo que nos hemos marcado es fomentar la concienciación y el diálogo entre propietarios, administradores de fincas, constructores y técnicos para mantener los inmuebles en buen estado», indica Sanuy.
A medidados del año pasado, la Generalitat envió más de 100.000 cartas a propietarios de inmuebles antiguos para instarles a llevar a cabo las inspecciones. «Desde entonces hemos realizado más ITE’s que en los tres años anteriores. Hay mucho trabajo por hacer, pero parece que vamos por el buen camino», resalta el alto cargo del Govern. Hasta este año, los inmuebles construidos antes de 1973 tenían la obligación de realizar este examen. Cabe señalar que, a día de hoy, aún no se ha impuesto ninguna multa, ya que «somos conscientes de que todo esto es una carrera de fondo y aún es pronto para sancionar», resalta Sanuy.
