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Desde la zona Casalot Nord, en Mont-roig del Camp, donde estaban previstas 2.220 viviendas, al sector S-2 Sangulí, en Salou, con 459 casas proyectadas, pasando por La Creu del Vendrell, el Eixample Residencial de Roda de Berà, La Gavina en Creixell, Els Munts en Altafulla o la Platja Muntanyans de Torredembarra. Todos esos ámbitos del litoral figuraban en planes urbanísticos de expansión que previsiblemente van a quedar tumbados por el Departament de Territori i Sostenibilitat. Lo hará tras la aprobación ayer del Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar, un proyecto que pone coto al exceso de urbanización.
La medida abarca buena parte de la costa catalana pero afecta muy especialmente a la franja tarraconense. Así, de las 46.800 nuevas viviendas cuya construcción quedará frenada en Catalunya, 37.800, el 80% del total, están ubicadas en el Camp de Tarragona y en las Terres de l’Ebre.
El plan identifica aquellos ámbitos en los que aún se podría construir y los revisa bajo los criterios modernos de sostenibilidad. Sobre el terreno, supone una limitación importante a la construcción –y, por tanto, a la economía–, que se refleja en algunos ejemplos. En Mont-roig del Camp, quedan paralizados el 60% de los proyectos de viviendas costeras (no se harán 8.102 de 13.238 posibles); en El Vendrell es el 59%, ya que de 16.839 viviendas potenciales, se elimina la posibilidad de edificar 9.981. En Cambrils, de 13.050 alojamientos programados, no se construirán alrededor de 4.300.
El 80% de inmuebles que se tumban en Catalunya están en la costa de Tarragona, de Cunit a Alcanar
En el global de la provincia, el 42% de esos domicilios previstos no se harán: 37.800 de un total de 89.340 construcciones planificadas. El objetivo es favorecer, como explica Territori, «una ordenación sostenible con menos consumo de suelo, pueblos y ciudades más compactas y con variedad de usos, favoreciendo la conectividad y reduciendo las emisiones».
Como 2.200 campos de fútbol
También se pretende contribuir a descarbonizar la movilidad y controlar a un factor recurrente en lugares como la Costa Daurada, como es el modelo de urbanizaciones alejadas de aquellos núcleos principales, «que comporta desplazamientos innecesarios en vehículo propio», como admite el Govern. La Generalitat calcula que la reducción de viviendas, que mayoritariamente iban a ir destinadas a segundas residencias y a turismo, ahorrará la emisión a la atmósfera de casi dos millones de toneladas de CO2 al año. «El nuevo plan garantiza un litoral de calidad con el objetivo de alcanzar un modelo urbano sostenible y competitivo a largo plazo», aseguraba el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, que añadía: «Queremos poner orden y coherencia al litoral de Catalunya, que es un territorio sometido a muchas presiones y en un contexto de emergencia climática. Queremos revertir un modelo urbanístico que hemos heredado del pasado».
La zona preservada de las susceptibles agresiones del ladrillo en Tarragona abarca 1.583 hectáreas, el equivalente a 2.200 campos de fútbol, aproximadamente.
El plan ha revisado el planteamiento urbanístico de 41 municipios, 22 de ellos en la provincia, distribuidos en cinco comarcas. Pero no en todos se eliminan construcciones previstas. Tarragona, con el POUM suspendido, quedó fuera de ese procedimiento.
«Queremos poner orden a un territorio sometido a muchas presiones y en un contexto de emergencia climática», defiende Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme
La limitación constructora prevista por este plan tiene efectos directos sobre 13 municipios: Cunit, El Vendrell, Roda de Berà, Creixell, Torredembarra, Altafulla, Salou, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Mont-roig del Camp, L’Ametlla de Mar, Amposta y Alcanar.
En el diagnóstico se tienen en cuenta, por ejemplo, criterios territoriales –si se respeta la estrategia de crecimiento del plan territorial parcial–, urbanísticos –si hay continuidad respecto al núcleo urbano–, además de considerar aspectos medioambientales y de diversidad, el cumplimiento de la Ley de Costas o la existencia o no de un impacto paisajístico.
«Es un plan totalmente necesario pero que llega 20 años tarde», admite Sergi Saladié, profesor de Geografia en la URV
El Departament abrirá ahora un plazo de información pública durante 45 días para toda la ciudadanía, a fin de recoger alegaciones. También se solicitarán informes a los organismos afectados. Después comenzará un periodo de un mes de audiencia en los ayuntamientos afectados para que participen en la redacción de un documento que se llevará a la aprobación definitiva de la Comisión de Territori de Catalunya, previsiblemente a principios de 2023, último paso para que entre en vigor.
«Preservar al máximo»
Sergi Saladié, investigador del Grup de Recerca GRATET de Anàlisi Territorial i Estudis Turístics y profesor de Geografia en la URV, sostiene que «es un plan absolutamente necesario pero que llega, al menos, 20 años tarde». Saladié cree que «es un buen momento», por el ciclo económico, «ya que no hay demasiadas presiones, aunque pueda haberlas puntualmente» y la idea es «que todo lo que queda se pueda preservar al máximo», algo que no se ha hecho en las últimas décadas.
«Ha habido dos momentos clave de recalificación. Uno fue antes de 1988, de la Ley de Costas, y otro en 2010, cuando se aprobaron los planes territoriales parciales del Camp y el Ebre. Previamente muchos ayuntamientos se pusieron a recalificar suelos para evitar que esas legislaciones les pudieran condicionar el crecimiento. Luego se demostró que no han acabado consumiendo esas zonas, pero optaron por recalificar, algo que desde la racionalidad urbanística y el medio natural, y más aún en el litoral, que es especialmente vulnerable, era una aberración. Por eso este plan es necesario».
